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7/07/2016

AZ Alert l Entra en vigencia Agenda Corta Antidelincuencia

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El 05 de julio de 2016 entró en vigencia la Ley N° 20.931, cuya tramitación parlamentaria se caracterizó por un intenso debate sobre temas esenciales en la estructura del sistema procesal penal chileno.

En efecto, esta ley -también conocida como “agenda corta antidelincuencia”-, pese a lo que su título expresaba, es más que una modificación legal orientada a la intensificación de las sanciones y persecución penal de los delitos contra la propiedad sino que aborda un conjunto heterogéneo de materias, tales como delitos cometidos contra funcionarios policiales, aplicación de penas sustitutivas, efectos de la incomparecencia de fiscales e imputados a ciertas audiencias, protección de testigos, ampliación de actuaciones policiales autónomas en relación al resguardo del sitio del suceso, identificación de testigos, controles de identidad, medidas cautelares, entrada, registro e incautación de lugares cerrados, etc.

El debate que generó la discusión de la reforma es, sin duda, consecuencia de una iniciativa legal que en diversos aspectos modifica estructuras fundamentales del sistema procesal penal vigente. La configuración de marcos penales rígidos, la ampliación de actuaciones autónomas de las policías y la realización de audiencias de rendición de prueba sin presencia del imputado, constituyen sólo tres ejemplos de tendencias que tensionan la vigencia de principios rectores en la regulación penal chilena.

En concreto, algunos aspectos a tener en consideración con la publicación de esta ley, son los siguientes:

  • Sanción, a título de falta, del impedimento a la fiscalización de un inspector municipal, cuya comisión flagrante admite detención.
  • Imposibilidad de rebajar la pena en delitos contra la propiedad y receptación por la concurrencia de dos o más atenuantes, salvo reconocimiento de responsabilidad en procedimiento simplificado, o de hechos en procedimiento abreviado, el que para esta clase de delitos comprende penas de hasta 10 años.
  • Establecimiento de técnicas especiales de investigación en materia de delitos contra la propiedad.
  • Introducción de una nueva situación de flagrancia relativa a registros audiovisuales
  • Incorporación como criterio facultativo para dictar orden de detención, la pena de crimen asignada al hecho imputado.
  • Registros e incautaciones de lugares cerrados, sin orden judicial, en caso de persecución del imputado.
  • Nuevo control de identidad preventivo, en cumplimiento de las funciones policiales de resguardo del orden y la seguridad pública.

El impacto y el alcance de estas modificaciones, dependerá de los diversos actores intervinientes en el sistema penal y, especialmente, de los criterios jurisprudenciales que fijen los tribunales en su aplicación.

Para obtener más información al respecto, puede contactarse con:

 

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César Ramos 

Director Grupo de Práctica Litigios Penales

cramos@az.cl