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18/02/2016

AZ Alerta l La discusión y aplicación del TPP no será fácil

aznews

El pasado 4 de febrero, el Ministro de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz, firmó el Tratado de Asociación Transpacífico, mejor conocido como TPP por sus siglas en inglés. Mediante su firma, Chile se obliga a someter dicho tratado a discusión en el Congreso Nacional con el fin de que sea ratificado.

El TPP es reconocido como un acuerdo internacional de nueva generación, que supera el calificativo de Tratado de Libre Comercio. En total, son 30 capítulos que tratan temas diversos que trascienden la fijación de tarifas arancelarias, tales como medio ambiente, servicios transfronterizos, asuntos laborales y temas de Propiedad Intelectual. Son 12 los países signatarios del tratado y en caso de ser ratificado por los respectivos congresos, el TPP constituiría el área de libre comercio más extensa del mundo.

Dada la gran cantidad de temas que abarca y el número importante de actores involucrados, no se vislumbra una discusión sencilla en el Congreso Nacional. En efecto, han surgido voces críticas no sólo en nuestro país, sino también en Estados Unidos, principal impulsor del acuerdo.

Entre las principales críticas, destaca el hecho que fue negociado con cierto grado de secretismo, no habiéndose revelado borradores del tratado, sino hasta una vez que fuera aprobado el texto final. Sólo una filtración hecha por Wikileaks durante las negociaciones, permitió a la ciudadanía tener cierto grado de conocimiento de la profundidad de los temas en discusión. Las partes negociadoras se defienden de la acusación de secretismo, señalando que era necesario tener reserva del contenido para no perjudicar la posición negociadora de cada país y que sin perjuicio de que no se difundió un texto preliminar, hubo reuniones periódicas, llamadas Cuartos Adjuntos, entre la autoridad y la ciudadanía en la que se informaba, hasta cierto límite, de los temas en discusión.

Una vez que los Estados partícipes de las negociaciones lograron consensuar un texto final, se pudo revelar públicamente el contenido del tratado. Recién a partir de ese momento fue posible hacer un análisis a fondo por parte de los distintos actores de la sociedad civil, respecto a los alcances y consecuencias de las normas del TPP. Si bien la autoridad señala que los intereses de Chile estarían protegidos y en algunos casos no haría falta realizar mayores modificaciones a nuestro ordenamiento legal para cumplir con el TPP, lo cierto es que existen ciertos pasajes ambiguos en el texto final que ya han dado lugar a diversas lecturas, las que podrían conducir a una disputa posterior sobre su interpretación y alcance.

Nuestro país ya tiene experiencia respecto a interpretaciones discordantes de tratados internacionales, incluso con posteridad a la ratificación por el Congreso. Un ejemplo concreto es lo sucedido con el TLC con Estados Unidos, en el que Chile interpretaba las normas del tratado de un modo tal que no obligaba a nuestro país a establecer un linkage entre la solicitud de registro sanitario y la titularidad de las patentes de invención, en circunstancias que Estados Unidos hacía una interpretación completamente opuesta. Dicha discrepancia ha significado que, en la práctica, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos califique a Chile dentro de su Priority Watch List en relación a temas de Propiedad Intelectual.  Con el fin de evitar consecuencias de este tipo, urge aclarar varios puntos, previo a su discusión en el Congreso Nacional y la redacción conjunta de las normas necesarias para su pacífica aplicación.

En el caso del TPP, uno de sus capítulos más polémicos ha resultado ser el de Propiedad Intelectual y dentro de éste, hay discusión específica sobre el alcance de ciertas normas relativas, por ejemplo, a la protección de datos entregados por laboratorios al Instituto de Salud Pública (ISP), así como de las Medidas Tecnológicas de Protección, entre otros temas.

En relación a la protección de datos entregados por laboratorios a la autoridad administrativa para efectos de obtener autorización sanitaria para comercializar nuevos medicamentos, nuestro país actualmente concede un plazo de 5 años de protección a la información no divulgada, contada desde la fecha del otorgamiento del registro sanitario. El TPP coincidiría en este aspecto con la normativa chilena al exigir un plazo de 5 años para medicamentos de síntesis química, pero respecto a los medicamentos biológicos establece que las partes contratantes deben otorgar un periodo de protección no menor de 8 años o alternativamente un periodo de 5 años, mediante otras medidas, reconociendo que las condiciones comerciales también contribuyen a la efectiva protección comercial y brindando un resultado comparable en el mercado. En este último punto el artículo es poco claro y puede abrirse a interpretaciones; ¿qué significa un resultado comprable en el mercado? ¿A qué otras medidas de protección se refiere? Para las autoridades chilenas, la norma es clara y establece 5 años. Sin embargo, no se puede obviar el hecho que una interpretación contraria, a nuestro entender errónea, podría derivar en la nefasta consecuencia de extender indebidamente su protección dificultando el ingreso de medicamentos genéricos.

En cuanto a las Medidas Tecnológicas de Protección (MTP), el tratado establece que cada país firmante deberá disponer una sanción penal independiente por la infracción misma de la MPT, incluso si con posteridad al quebrantamiento de la MPT no se incurre en una violación al derecho de autor asociado a dicha obra. Ahora bien, de acuerdo a una nota al pie del mismo tratado, se establece que una parte no estaría obligada a considerar la elusión de una MTP como una infracción independiente, si dicho Estado ya sanciona penalmente dicho acto a través de otros medios. Nuevamente, se abre un espacio de interpretación, puesto que podría cumplirse con la norma si el quebrantamiento de la MTP se configura en nuestro ordenamiento simplemente como un agravante penal, por lo que no habría necesidad de tipificar un nuevo delito, pero no queda claro que esta interpretación sea la misma para todos los países firmantes.

En definitiva, resulta necesario aclarar éstas y otras discrepancias interpretativas con el fin de tener certeza sobre la implementación del tratado. Si el TPP no se refleja en una regulación interna precisa, nos podríamos ver expuestos a disputas interpretativas, no sólo entre los distintos actores de la sociedad civil, sino también con nuestros socios comerciales.

 

Para obtener más información al respecto, puede contactarse con:

arielaAgosin

Ariela Agosin

Socia l Directora Grupo Propiedad Intelectual e Industrial

aagosin@az.cl

 

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Oscar Molina

Asociado Senior

omolina@az.cl