El Primer Juzgado de Letras del Trabajo ya notificó a las partes. Red educacional evalúa presentar recurso de nulidad.
Precisamente en marzo de ese año la corporación ligada a la familia Matte solicitó a la Dirección Regional del Trabajo un profesor por curso y dos auxiliares para cada uno de los 17 colegios pertenecientes a la red educacional para
desempeñar labores de portero y personal de aseo en caso de paralización.
Sin embargo, la DT sólo autorizó el funcionamiento de un auxiliar por establecimiento y un docente por curso luego del día 30 de huelga, calificación que fue ratificada el 11 de julio de 2017 por el director del Trabajo, Christian Melis, quien rechazó un recurso jerárquico que presentó la corporación para aumentar su dotación de personal en caso de huelga.
Posteriormente, la administración de la red educacional decidió llevar el tema a la justica, la que se declaró incompetente en primera instancia. Ante esto, la SIP apeló ante la Corte de Apelaciones, la cual señaló que el juzgado laboral sí tenía competencia para referirse a la calificación de servicios mínimos, y la causa volvió el 28 de diciembre al Primer Juzgado de Letras del Trabajo para volver a ser analizada.
Detalles del fallo
El escrito, redactado por la jueza titular María Verónica Torres Reyes, argumentó su respaldo a la DT señalando que ha cumplido “en la forma establecida en la Ley, escuchando a las partes, solicitando los informes técnicos, realizando la inspección investigativa si correspondiere, y resolviendo fundadamente conforme a los antecedentes expuestos ante la entidad administrativa”.
El documento también señala que la red educacional deberá pagar las costas del juicio, las que alcanzan la suma de $ 200.000.
En el fallo, Torres también abordó el debate en torno a la competencia que tiene la justicia en esta materia. Sobre esto, recalcó que “el Código del Trabajo no señala con precisión y claridad el alcance del rol que compete al Juez del Trabajo en esta materia y hasta la fecha alto es el debate jurisprudencial”.
Reacciones
Desde la red educacional se mostraron críticos ante el pronunciamiento de la justicia. “El fallo nos deja en tierra de nadie, simplemente dice que se realizó un procedimiento formal de calificación de servicios mínimos (…) por ahora estamos evaluando la opción de presentar un recurso de nulidad. Es algo que estamos analizando”, dijo Santiago Blanco, gerente de control de gestión de la red SIP.
Los expertos se sumaron a los cuestionamientos.
“La magistrado omite entrar al fondo del asunto y solo revisa el cumplimiento de las formalidades”, criticó el ex subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, quien agregó que “de mantenerse esta postura en nuestros tribunales se puede hacer ilusoria la facultad de revisión judicial de las resoluciones de la DT”.
Una opinión similar dio el ex director del Trabajo, Marcelo Albornoz, quien agregó que “este es un fallo sin ningún tipo de profundidad. Además, me parece peligroso que el tribunal cuestione en su fallo su competencia, porque ha sido instruído para abordar este tema”.
Una postura menos crítica dio Jorge Arredondo, director del grupo laboral de Albagli Zaliasnik, quien planteó que la justicia rechaza el recurso “porque hay legalidad en el acto de la DT, porque considera que el rol de los tribunales es solamente verificar ese acto de legalidad y considera que la huelga es un derecho fundamental que en este caso particular no admitiría restricción”.
Fuente: Diario Financiero, jueves 08 de enero de 2018.
