Antes de unirse a Albagli Zaliasnik, Jean Jacques Dutrey se desempeñó por 2 años como abogado de la Subdirección Jurídica del Comité Innova Chile de CORFO, abogado asesor de la Subdirección de Bienes Públicos para la Innovación I+D Precompetitiva, y encargado de las solicitudes de información que se hacen conforme a la ley 20.285 (Ley de Transparencia), para todo el Comité Innova Chile. 

Experiencia

• Albagli Zaliasnik (2010 a la fecha).
• Abogado Litigante, Causas Civiles, Familia, Negligencia Médica, Juzgados de Policía Local, y Reclamaciones Administrativas(2006 a la fecha).
• Abogado de la Subdirección Jurídica del Comité Innova Chile para CORFO (2008 - 2010).
• Asesor Jurídico de la Asociación de Consumidores “ODECU A.G.” (2006 - 2008)

Educación

• Abogado, Universidad de Chile (2006).
• Diplomado Responsabilidad Civil: “Nuevas formas de Responsabilidad Civil”, Facultad de Derecho Universidad de Chile (2008).
• Derechos del Consumidor. Acciones Colectivas (Congreso Internacional en Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM (2007).
• Análisis Económico del Derecho (2001).
• La Propiedad Accionaria y La Toma de Control (2001).
• Mediación y Negociación (2001).
• Mercado de Capitales (2001).

 The main objective of corporate governance is based on the decision of regulating all relationships within a corporation.  In fact, it focuses on increasing the information that corporations must provide to their shareholders and the regulators in charge of monitoring them. Furthermore, it aims to ensure adequate oversight of the market which allows for more fluid operations, and directs and controls corporations in order to ensure their transparency and demonstrate how boards of directors manage company assets. It also provides conflict solution tools when interests collide among stakeholders and protects all shareholders’ interests.  However, corporate governance gives special consideration to the interests of minority shareholders, which prevents majority shareholders from taking opportunistic control over a corporation’s assets at the expense of its general investors. This situation tends to occur when a corporation is controlled by a single majority shareholder, a family or an economic group. Conflict also tends to arise between administrators in charge of management and investors, who own corporate assets. On one hand investors need the specialized human capital possessed by administrators to obtain revenue while the latter needs the resources of investors in order to materialize their projects.

 Even though Chile has been a prime example in areas such as corporate management and corporate law in South America, international practices on matters such as these are continuously evolving. Since Chile is completely active in the international economic community, it has been essential for its legislation to adapt to new international standards regarding corporate governance. This was rendered concrete through “Law 20.382” which seeks to elevate Chile’s Corporate Governance to meet the highest of international standards. To achieve this, a number of modifications were made to the Securities Market Act, Corporate Law and the Commercial Code. These modifications are focused on increasing the information which corporations must deliver to both, their own shareholders, and to the regulator in charge of supervising them. Among these modifications include: ensuring adequate oversight of markets that allow for more fluid operations; modifying the legal presumptions of access to privileged information; protecting minority shareholders by increasing their control, which as a result, reduces the asymmetry in system information management through improved communication and informative transparency; and specifying the responsibilities of the board of directors by promoting the designation of independent directors and an increased demand in finalizing transactions with related parties. The objective of this is to raise market transparency levels, as well as, investors’ trust. Overall, this law aims to improve companies’ trust, investment, financing and value with the objectives of improving performance and moving towards a more modern and globalized economy.

There are many tasks and challenges this country has to face in regards to corporate governance, especially in matters relating to information asymmetry, on how company boards are directed, the treatment of shareholders (both minority and majority), and inner control systems, among others. These matters are not solely resolved through a legal framework, but through cultural changes in a corporation’s inner practices.

María Fernanda Russi

Associate, Bussines Group

mfrussi@az.cl

 
La idea de Gobierno Corporativo está trazada sobre la decisión de reglar las relaciones dentro de una organización. En efecto, este sistema busca aumentar la información que deben entregar las sociedades tanto a sus propios accionistas como al regulador que las fiscaliza; asegurar una adecuada fiscalización de los mercados; permitir que en éstos las operaciones sean más fluidas, dirigir y controlar las empresas con el fin de velar por la transparencia y permitir el conocimiento de cómo los directivos gestionan los recursos, proveyendo instrumentos de resolución de conflictos de interés entre los distintos grupos que interactúan al interior del sistema. Se preocupa  además de resguardar el interés de todos los accionistas, pero especialmente de los minoritarios, impidiendo que los mayoritarios puedan usar el control sobre la Compañía para extraer oportunísticamente valores de la empresa a expensas de los  financistas en general, lo cual tiende a ocurrir cuando la empresa es dominada por un accionista mayor, familia o grupo económico. Generalmente también se produce conflicto de interés entre los administradores a cargo de la gestión y los inversionistas tenedores del capital. Por una parte, los inversionistas necesitan del capital humano especializado de los administradores o controladores para generar rentabilidad sobre el capital financiero que poseen, mientras que estos últimos necesitan de los recursos de los inversionistas para materializar sus proyectos. Por eso, la idea de gobierno corporativo está trazada sobre la decisión de reglar estas relaciones.   

 
Aun cuando Chile es un ejemplo regional en materia de regímenes de administración social y derechos societarios, las prácticas internacionales en estas materias están continuamente en evolución y modernización. Siendo Chile un país que se define como plenamente inserto en la comunidad económica internacional ha sido necesario  adecuar la legislación a los estándares internacionales en la materia.  La ley  que concretó todo esto es la Ley Nº 20.382, la cual busca elevar los gobiernos corporativos de nuestras empresas a los más altos estándares internacionales y para ello introdujo una serie de modificaciones a la Ley de Mercado de Valores, a la Ley sobre Sociedades Anónimas y al Código de Comercio. Prácticamente todas estas modificaciones tienen por objeto aumentar la información que deben entregar las sociedades tanto a sus propios accionistas como al regulador que las fiscaliza; asegurar una adecuada fiscalización de los mercados; permitir que en éstos las operaciones sean más fluidas; modificar las presunciones de acceso a la información privilegiada; proteger a los accionistas minoritarios aumentando las atribuciones de control  que éstos tienen, reduciendo la asimetría en el manejo de datos en el sistema, a través de la mayor comunicación y transparencia informativa, y precisando las responsabilidades de los directorios, al promover la designación de directores independientes y el aumento de exigencias en la celebración de operaciones con partes relacionadas. Ello, fundamentalmente, con el objeto de aumentar los niveles de transparencia de los mercados y, por tanto, la confianza de los inversionistas. En definitiva, la Ley persigue aumentar la confianza, la inversión, el financiamiento y la valorización de las empresas, con miras al mejor desempeño, de cara a una economía moderna y globalizada.

Son múltiples los desafíos y tareas pendientes que tiene el país al respecto, especialmente en lo que dice relación a la asimetría de la información, el funcionamiento de los directorios de las empresas, el tratamiento de los accionistas (minoritarios y controladores) y los sistemas de control interno, entre otros, que no se resuelven exclusivamente mediante un marco legal, sino a través de un cambio cultural en las prácticas al interior de las organizaciones.

 
María Fernanda Russi

Abogado, Grupo Corporativo

mfrussi@az.cl

Este impuesto siempre fue de muy discutible aplicación al tratarse de contribuyentes que no realizan actividades que involucren una gestión activa de recursos, puesto que estas actividades difícilmente pueden considerarse como actividades terciarias de aquellas gravadas por la ley . Piénsese en una sociedad que tiene un patrimonio invertido por medio de terceros en fondos mutuos:

• No requiere de oficinas, ya que los socios pueden monitorear su funcionamiento perfectamente desde cualquier lugar;
• Su ejercicio económico se limita a requerir un informe al administrador de sus inversiones cada cierto tiempo para monitorear su desempeño - lo que en las más de las ocasiones puede hacerse en línea por medio de informes generados automáticamente - y cobrar las utilidades que le correspondan, los que generalmente son depositados en la cuenta de la empresa sin necesidad de que ella haga gestiones activas para tal efecto;
• Ocasionalmente, enajenan sus inversiones y toman nuevos instrumentos.

En atención a los argumentos legales presentados por algunos contribuyentes, la Contraloría General de la República, reconsiderando sus anteriores posturas en la materia, señaló que el ejercicio de actividades de inversión pasiva no estaba gravado con patente municipal, con independencia del giro social o del tipo de sociedad involucrada. En el dictamen antes indicado, se define como inversión pasiva aquella que:

“(..) en general, consiste en la adquisición de toda clase de bienes con fines rentísticos, sea cual fuere la forma jurídica que adquiera el inversionista”

Sin embargo, el mismo dictamen advierte que la realización de actividades de inversión pasiva no puede ir acompañado de otras clases de actividades terciarias – tales como la prestación de servicios – pues éstas sí están gravadas. La parte pertinente del dictamen señala que:

“En cambio, las sociedades que presten algún tipo de servicios, incluidos los financieros, por constituir dicho quehacer una actividad terciaria, quedan gravadas con patente municipal, con independencia de su denominación u objeto social o de la circunstancia que además realicen actividades no gravadas”

Por lo tanto, los requisitos para que una sociedad no sea considerada como afecta a patente municipal son los siguientes:

1. Que ejerza actividades de inversión pasiva, de acuerdo a la definición antes indicada.
2. Que no ejerza ninguna otra actividad lucrativa gravada con patente municipal.

La modificación del criterio de la Contraloría General de la República permite poner fin a la disparidad que se producía entre un contribuyente que tenía instrumentos de ahorro e inversión y mantenía estos activos a través de una sociedad, versus otro que los tenía a título personal; mientras que el primero estaba obligado a pagar patente, el segundo no lo estaba, sin que exista una razón económica de fondo para efectuar esa distinción.

Este dictamen es además particularmente oportuno, puesto que numerosas municipalidades se encontraban abriendo procesos de fiscalización masivos a esta clase de contribuyentes, producto de una reciente modificación legal que obliga al Servicio de Impuestos Internos a entregar la información que los contribuyentes consignan en sus declaraciones de renta. Sin duda este dictamen tendrá una importante aplicación en estos procesos de fiscalización municipal, pues las interpretaciones de la Contraloría General de la República son vinculantes para las Municipalidades.

Otro interesante aspecto de este nuevo dictamen consiste en la posibilidad de solicitar devolución de las sumas pagadas indebidamente por contribuyentes que no se encontraban gravados con patente municipal. Teniendo en cuenta la obligatoriedad de las interpretaciones de la Contraloría General de la República, las municipalidades debieran acceder a estas peticiones al momento de verificar que se cumplen los presupuestos que permiten sostener que una sociedad sólo ejerce actividades de inversión pasiva; pero considerando la merma de recursos que esto significaría, con seguridad el asunto deberá resolverse en tribunales.

En nuestro permanente interés por proveer a nuestros clientes de la información más actualizada posible, podrán tomar contacto con nosotros para el caso que requieran de mayores orientaciones de nuestra parte.

Darío Romero,

Director departamento Tributario de AlbagliZaliasnik

email: dromero@az.cl

With her vast experience, she will lead the IP Group along with Rodrigo Albagli of AlbagliZaliasnik.

Consequent to the internationalization of our customers’ business and the extensive presence of foreign clients in our portfolio, we also continue to enrich our International Group led by Jesse Smith.

Similarly, we are proud to announce that Andres Grunewaldt has been awarded the “Bicentennial Scholarship” and admitted to Duke University in the United States for a Masters in International Law and Intellectual Property. As of July 2010, Andres will lead the operations of AZ in the U.S., as our new Of Counsel there.

Finally, we thank you for your trust and want to reiterate our commitment to continue growing in all areas as well as to give the absolute best service.

Contacts:

Rodrigo Albaglo

ralbagli@az.cl

Ariela Agosin

aagosin@az.cl

Andres Grunewaldt

agrunewaldt@az.cl

Jesse Smith

jsmith@az.cl