Inscripción de su Dominio ¨.cl¨
En Nic Chile se puede inscribir cualquier denominación que esté libre, esto quiere decir que en ese momento no esté inscrito por parte de un tercero. Una vez que se solicita un dominio existe un periodo de treinta días en los cuales un tercer interesado o interesados pueden solicitar el mismo dominio, en este caso se comienza una controversia que puede derivar finalmente en un arbitraje para la asignación del mismo. A diferencia del mundo de las marcas, no existe un estudio previo por parte de Nic Chile para determinar si una nueva solicitud afecta derechos de terceros, por lo que es de vital importancia contar con una vigilancia apropiada de sus marcas y nombres de dominios en caso de que surjan solicitudes de terceros que puedan ser idénticas o similares a las suyas. En Albagli Zaliasnik nos preocupamos de inscribir debidamente sus nombres de dominio, como también de su posterior vigilancia y renovación.

Si no existen nuevas solicitudes por el dominio pasados los treinta días de su solicitud, este queda inscrito a nombre del titular que lo haya solicitado. El dominio tiene una vigencia de dos años, pudiendo este renovarse por plazos sucesivos desde los dos hasta los diez años.

Controversia en Asignación de un Dominio
En caso de existir más de una solicitud por el mismo dominio, generando una controversia en la asignación del mismo, se inicia un proceso de solución de conflicto. El primer paso para lograr una solución es una audiencia de mediación desarrollada en Nic Chile entre las partes interesadas y un mediador de este organismo. El resultado de esta mediación no es vinculante para las partes, pero es una instancia de vital importancia para que las partes se conozcan y de manera inmediata se logre identificar algún posible acuerdo que de término al conflicto antes que este llegue a un juicio arbitral.

Los acuerdos alcanzados entre las partes anteriores a un juicio arbitral deben de todas maneras indicar quien se hará acreedor del dominio, puesto que es incompatible que un mismo dominio tenga más de un titular. Para lograr el desistimiento de una de las partes los acuerdos pueden variar y no son por ningún caso taxativos, a modo de ejemplo se puede nombrar la compensación económica o la limitación de uso del dominio en lo que se refiera al rubro, productos o servicios de la otra parte.

Si la audiencia de mediación o las futuras negociaciones entre las partes no son fructíferas, Nic Chile designa un árbitro quien finalmente conocerá del caso y asignará el dominio a la parte que logre acreditar un mejor derecho sobre el mismo. Un juicio arbitral siempre tiene incluido dentro del mismo los honorarios arbítrales, a la fecha los árbitros incluidos en la nomina de Nic Chile fijan sus honorarios en un rango que va desde los $500.000 pesos hasta $1.100.000 pesos. El pago de los honorarios arbítrales recaen exclusivamente en la parte que haya presentado su solicitud con posterioridad, llamado también segundo solicitante, o entre todas las partes si es que existiese más de una solicitud competitiva por el mismo dominio. El primer solicitante del dominio en un principio no debe cargar con este cargo, sin perjuicio de que el árbitro puede incluir el pago de las costas al primer solicitante en su fallo en caso de que así lo considere. 

El juicio arbitral se desarrolla bajo el principio de la sana critica, donde el juez árbitro puede apreciar las pruebas de la manera que el considere más apropiada. Es en este punto donde toma un rol fundamental el aspecto marcario, toda vez que es ampliamente reconocido el hecho de que una marca está directamente ligada a un nombre de dominio, y que los cibernautas tenderán a relacionar el nombre de dominio con el producto o servicio que distingue la marca de su titular. Aunque ser el titular de una marca cuya denominación es idéntica a un nombre dominio no asegura completamente el éxito en un juicio arbitral, donde el juez arbitro tiene un sin numero de antecedentes que tomar en cuenta al momento de fallar, es un hecho de mucho peso que se toma en cuenta al momento de decidir quien tiene un mejor derecho sobre el dominio y su definitiva asignación.   

Revocación de un Dominio
La última forma de poder resguardar derechos validamente adquiridos en el mundo de los nombre de dominios es a través de la revocación de un dominio. La revocación de un domino se da cuando un tercero que ve sus derechos afectados por un dominio ya validamente registrado comienza un proceso de revocación por el cual se intenta revocar la titularidad del mismo. A diferencia de las controversias de asignación de dominios tratadas anteriormente, acá estamos frente a un dominio que ya está registrado y donde se ha vencido el plazo de treinta días para presentar nuevas solicitudes. El proceso de revocación es muy similar al de controversias de asignación de dominios, existe una audiencia de mediación desarrollada ante Nic Chile y posteriormente un juicio arbitral en caso de no existir acuerdo. La gran diferencia entre ambos procesos es que la revocación es más difícil de conseguir para quien la está solicitando, ya que en este caso no solo se debe probar que existe un mejor derecho para ser el titular del dominio, sino que se debe probar ante el arbitro que el titular del domino ha actuado explícitamente con mala fe al momento de inscribir el domino y que esto ha causado un perjuicio.

Una Debida Protección de sus Derechos
En el mundo que vivimos hoy se puede concluir que la existencia de un dominio web equivalente a sus productos, servicios o empresa puede resultar perjudicial para sus intereses, hoy cada vez más gente tiene acceso a Internet, y es utilizada como una herramienta de suma importancia al momento de informarse, buscar negocios, comprar productos o contratar servicios. En este ámbito, el identificador ¨.cl¨  ha probado ser líder en nuestro país por sobre otros identificadores globales al momento de solicitar paginas de empresas nacionales o con actividades en nuestro país. Por todo lo anterior, es aconsejable solicitar e inscribir todas las denominaciones ligadas a sus marcas comerciales y sus negocios, de esta manera se puede prevenir una futura inscripción maliciosa por parte de un tercero. Aparte de ofrecer a nuestros clientes el servicio de inscripción de dominios, Albagli Zaliasnik otorga una estricta vigilancia de sus marcas y nombres de dominio para reaccionar de manera rápida e eficaz ante nuevas solicitudes similares o perjudiciales para sus intereses. No dude en contactarnos en caso de necesitar más información en relación a la debida protección de sus dominios o sus derechos en Internet.

Registering your ¨.cl¨ Domain
Anyone can file an application for a domain name that is available at that time at Nic Chile. There is a 30 day deadline after every new application in which a third party can apply for the same domain name, which begins an assignment dispute proceeding which can ultimately result in arbitration. Nic Chile does not carry out any sort of examination to verify if new applications conflict with an existing trademark or another party’s rights; therefore it is important to have a good monitoring service for your trademarks and domain names in order to know when conflicting applications arise.

If there are no third party applications filed during the next 30 days of the first application, then the domain is registered to that solicitor.  The first registration is valid for two years and can be renewed for registration periods of two to ten years.

Assignment Disputes
In case there is more than one application for the same domain name, a domain assignment dispute arises. The first step is the mediation hearing held before Nic Chile, in which both parties are requested to appear in the presence of a mediator. The hearing is not binding but helps the parties understand each others intentions and is an important step to start negotiating a friendly agreement to settle the case before arbitration.

Any agreement reached by the parties has to clearly state who will be the sole owner of the domain name. In order to obtain dismissal on behalf of one of the parties, the agreements can vary and are by no means restrictive, as an example the agreements can include financial compensation or limitation of the use of the domain in regards to the business sector, line of products or services of the other party.

If no agreement is reached, an arbitrator is named, who will finally decide who the owner of the domain will be; in doing so he will have to hear the arguments of both parties and decide who has a better right over the domain. An arbitration proceeding always includes arbitration fees which can range between CLP 500.000 and CLP 1.100.000. Payment of arbitration fees fall exclusively on the party who has subsequently presented their application, also known as the second applicant, or between all parties if there are multiple applications competing for the same domain.  Initially, the first applicant of the domain should not be charged with any fees, notwithstanding that the arbitrator may include payment of costs to the first applicant in his ruling if he so deems.

The arbitrator is free to rule in the manner which he considers to be fair in connection to the arguments and evidence that were brought to his consideration during the case. This is where trademark registrations are important, because they are highly recognized as an important piece of evidence in case the domain name is identical or similar to a registered trademark in Chile or abroad. Being the owner of a trademark and the solicitor of that same domain name in dispute does not in any case assure a successful ruling in the arbitration, but it is considered crucial information in the moment the arbitrator renders a ruling.

Cancellation Actions
The last form to protect your acquired rights in the area of domains is through a cancellation action.  A cancellation action of a domain is given when a third party who claims his rights are being violated by a registered domain, initiates a cancellation action with the intention of annulling the domain’s ownership.  In contrast to the previous disputes in assigning a domain name, here we are confronted by an existing registered domain where the deadline to present new applications has expired.  The process of a cancellation action is very similar to domain disputes, since a developed mediation before Nic Chile already exists and subsequently an arbitrator will be assigned in case an agreement was not previously reached.  The important difference between the two is cancellation actions require the revoking party to prove that the actual owner of the domain had initially registered this domain in the past acting upon bad faith which caused damage to their rights. 

Due Protection of Your Rights
In today’s society, it can be concluded that the existence of a web domain equivalent of its products, services or company can be damaging to other owners of similar domains. Currently, more people have access to the internet which is an important tool when researching, searching for businesses, buying products or contracting services.  In this arena, the extension ¨.cl¨ has proved to be a leader in Chile over other global extensions when searching for Chilean companies or other information about Chile.  Because of this, it is recommended to file and register all names linked to your trademarks and your services in order to prevent potential harm to them.  Apart from filing our clients’ domain names, Albagli Zaliasnik provides a strict monitoring service of trademarks and domain names in order to protect against new or damaging applications.  Do not hesitate to contact us for more information regarding the proper protection of your domains or your rights online.

His expertise includes matters of Corporate and Commercial Law, Mergers and Acquisitions, Contracting and Real Estate Law.

Experience

• Albagli Zaliasnik (2009 to present).
• Corporate Legal Advisor (2006-2008).
• Carey y Cía. (2003-2005).

Education

• Lawyer, Pontificia Universidad Católica de Chile (2001).

Languages

• Spanish and English

Posee amplia experiencia en materias de derecho corporativo y comercial, Fusiones y Adquisiciones, contratos y bienes raíces.

Experiencia

• Albagli Zaliasnik (2009 a la fecha).
• Asesor legal corporativo (2006-2008).
• Carey y Cía. (2003-2005).

Educación

• Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile (2001).

Idiomas

Español e inglés

En el caso de Estados Unidos, esto constituye la culminación de un proceso de negociación que venía gestándose hace largos años, y que se encontraba paralizado a la espera de modificaciones a la normativa chilena cobre secreto bancario. Ello era motivado por las preocupaciones que Estados Unidos – y Australia también en cierta medida - tenía respecto de las actividades de lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas, quedando solucionado ese escollo con la reciente modificación al secreto bancario que entró en vigor el pasado 1 de enero. 

Hasta ahora no existe acceso a los textos acordados de ninguno de los dos tratados – que serían firmados durante el mes de febrero - pero las notas de prensa al respecto destacan dos aspectos esenciales:

• Los profesionales chilenos que presten servicios temporales en Australia o Estados Unidos no tendrán que tributar en dichos países.
• Se libera de tributación en el país de destino a las inversiones que las AFP realicen en el exterior.

Esto es muy importante, pues el fenómeno de la doble tributación internacional suele desincentivar la inversión desde Chile al extranjero y viceversa, toda vez que la rentabilidad después de impuestos de una inversión puede disminuir significativamente. La doble tributación internacional se produce porque un país grava rentas que también están sujetas a impuesto en otro país.

Así pues, nuestra normativa tributaria, al igual que una gran cantidad de legislaciones de otros países , grava con impuestos en el país a:

• Todas las personas, sin importar si son residentes o no, por las rentas de fuente chilena, esto es, aquellas rentas provenientes de bienes situados en Chile o de actividades realizadas en el país.
• Las personas residentes o domiciliadas en Chile, por las rentas obtenidas en cualquier parte del mundo.

Por ejemplo, si una persona que reside en el extranjero recibe rentas producto del arriendo de un bien ubicado en Chile, estará afecta a impuestos en nuestro país, por ser rentas de fuente chilena; probablemente el país en que viva también le exija pagar impuestos sobre esas mismas rentas, por ser residente de dicho país.

Una de las formas de mitigar este fenómeno es mediante la adopción de tratados internacionales para evitar la doble tributación. Los tratados suscritos por Chile  generalmente contemplan los siguientes mecanismos para evitar la doble tributación en el Impuesto a la Renta:

• En determinados casos sólo se gravan las rentas percibidas en uno de los estados contratantes, como en el ejemplo de los profesionales domiciliados o residentes en Chile que presten servicios temporales en otro país.
• Se establecen tasas máximas de retención en los diversos países, cuando se gravan las rentas en ambos lugares. Por ejemplo, ciertas rentas pueden gravarse en ambos países; pero en el caso del país fuente, la tasa máxima de impuesto a que pueden someterse es de hasta un cierto porcentaje, que por lo general será inferior a la a la tasa general que hubiere correspondido pagar sin tratado.
• Los impuestos pagados en un Estado pueden utilizarse como crédito contra los impuestos que se adeuden en el otro Estado.
  Estos tratados, además de tratar el tema de la doble tributación, suelen incluir además cláusulas relativas al intercambio de información tributaria entre las administraciones de los países involucrados.

Habrá que conocer y revisar los textos de ambos tratados para entrar en mayor detalle sobre sus beneficios particulares, pero debieran constituir un importante aliciente para la inversión desde y hacia Australia y EE.UU., que en la actualidad ya son importantes socios comerciales de Chile. Ello pues los tratados no sólo eliminan los efectos nocivos de la doble tributación, sino que otorgan seguridad y confianza a los inversionistas respecto del tratamiento que recibirán sus utilidades, haciéndolos tributar de una manera racional y justa.

En lo medular, la norma está dirigida a mejorar los niveles de transparencia e información que las empresas deben proporcionar tanto a sus accionistas como a la Superintendencia de Valores y Seguros y al mercado en general, de forma de permitir una mejor y mayor fiscalización y de proteger a los accionistas minoritarios.

Entre los principales aportes de esta nueva normativa, podemos destacar los siguientes:

1. Información y Transparencia:

Se impone a los directorios de las sociedades emisoras de valores, la obligación de definir los procedimientos, mecanismos de control y responsabilidades que aseguren una información ágil y oportuna al mercado, de forma de reducir cualquier asimetría informativa.

Los accionistas por su parte, en cuanto controlen el 10% o más de la sociedad, así como los ejecutivos principales, quedan obligados a informar a la Superintendencia y a las Bolsas, no solo las transacciones de sus acciones, sino también las operaciones sobre contratos u otros valores cuyo precio o resultado dependa o esté condicionado al precio de su acción.

La ley incorpora igualmente un título especial para las transacciones sobre valores de oferta pública, que permite imponer restricciones, absolutas o transitorias, para la adquisición o enajenación de éstos por parte de sus personas relacionadas, cuestión que debe ser regulada por el Directorio e informada a la Superintendencia.

En la misma línea, los corredores de bolsa y agentes de valores deben definir y comunicar sus propios procedimientos de control para el adecuado manejo de la información a la que tengan acceso y que pueda incidir en la oferta o demanda de valores en cuya transacción participen.

Uno de los principales aportes en esta materia, lo constituye la conceptualización expresa de lo que se entiende por “inversionista calificado” y por “ejecutivo principal”, términos hasta ahora muy pobremente definidos, toda vez que son éstos los principales sujetos de la fiscalización de la Superintendencia y de las nuevas obligaciones y restricciones que impone la ley.

Se incorpora a los ejecutivos principales a la lista de personas relacionadas y se les obliga a informar su posición en valores de las entidades del grupo empresarial al que pertenecen. Se profundiza de manera importante el detalle de lo que se consideran operaciones relacionadas, incluyéndose un título especial sobre la materia para las sociedades anónimas abiertas.

2. Información Privilegiada:

En directa relación con fomentar la transparencia y simetría en la información de que dispone el mercado, la nueva ley incorpora la prohibición expresa de vender valores cuando se está en posesión de información privilegiada, haciendo una distinción expresa entre la presunción de posesión de información (aplicable a quienes forman parte de la administración) y la presunción de acceso a la información (aplicable a actores externos).

Se establece asimismo un agravante al tipo penal del artículo 61 de la Ley de Valores, en términos de aumentar la sanción por el delito de difundir información falsa o tendenciosa, aun cuando no se persigan ventajas o beneficios, cuando el autor del ilícito pudiera poseer o tener acceso a información privilegiada, caso en el cual además se podrá aplicar la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o para desempeñarse como director, gerente, liquidador o administrador de sociedades sometidas a la fiscalización de la Superintendencia.

3. Oferta Pública de Acciones (OPA):

Se perfecciona el mecanismo de Ofertas Públicas de Acciones, incorporando la obligación del controlador, que producto de una OPA adquiera más del 95% de los títulos de la sociedad, de adquirir las acciones del 5% restante, si éstos así lo exigen, por medio del ejercicio de su derecho a retiro.

Como contrapartida, se incorpora la figura del squeeze – out, de vasta aplicación en los mercados financieros más desarrollados, mediante la cual el controlador que producto de una OPA adquiera más del 95% de los títulos de la sociedad, puede obligar al 5% restante a desprenderse de sus acciones, siempre que ello estuviere previsto en los estatutos.

4. Fiscalización de la Administración:

A objeto de profundizar los mecanismos internos de control, adicionales a las facultades fiscalizadoras de la autoridad, se incorporan las siguientes disposiciones:

(a) Se crea la figura del Director Independiente, obligatoria para toda sociedad anónima abierta que transe sus acciones en bolsa, y que cumpla con las condiciones para tener un Comité de Directores (1,5 millones de UF de capitalización bursátil y sobre el 12,5% de sus acciones en poder de accionistas minoritarios). Mas que definir el concepto de independiente se detallan los factores que hacen perder tal calidad y que inhabilitan a una persona para ocupar dicho cargo.

(b) Se reformula el papel del Comité de Directores, el cual deberá estar constituido por una mayoría de directores independientes y se incrementan sus atribuciones de fiscalización al interior de la compañía.

(c) Se elevan las exigencias, restricciones e incompatibilidades para los Auditores Externos y se imponen mayores estándares técnicos a sus informes, quedando obligados a asistir a las juntas de accionistas para explicar el contenido de sus dictámenes. Se hace especial hincapié en la necesidad de que las empresas de auditoría, sus socios y equipos tengan plena independencia respecto de la entidad auditada, estableciéndose incluso presunciones de falta de independencia que los inhabilitan para ejercer sus funciones.

5. Juntas de Accionistas:

Finalmente, la ley contempla una serie de normas que empoderan a los accionistas, mejorando sus niveles de información y facilitando el ejercicio del derecho a voto, admitiendo incluso, con autorización de la Superintendencia, mecanismos electrónicos de voto a distancia.

Se imponen sin embargo ciertas restricciones para el ejercicio del derecho a voto a los agentes de valores o corredores de bolsa que mantengan valores en custodia, en términos de que solo podrán votar si han sido expresamente autorizados para ello por el titular y solo podrán hacerlo por medio de sus representantes o abogados, pero sin posibilidad de delegar el voto en terceros ajenos.

Se incorpora formalmente la posibilidad de establecer stock options o planes de compensación de trabajadores en las sociedades anónimas cerradas, por hasta un 10% del monto de los aumentos de capital que se acuerden y se establece la obligación de obtener la aprobación de la Junta para operaciones con personas relacionadas o en las que se advierta un conflicto de interés.

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“La nueva normativa constituye un importante avance en la línea de transparentar las relaciones entre los emisores y el público en general, buscando de paso evitar la reiteración de situaciones de asimetría o de aprovechamiento de fisuras legales, fortaleciendo la confianza del mercado e incorporando estándares internacionales a nuestro sistema.”
Alvaro Rosenblut
Socio Albagli Zaliasnik Abogados

In essence, the new law is aimed at improving levels of transparency and information that companies must provide to their shareholders, to the Securities Commission and to the market in general, so as to allow better and greater control and to protect minority shareholders interest.
 
The main contributions of this new legislation are highlighted in the following:

1- Information and Transparency:

It is set upon the board of the company, the obligation to define the procedures, accountability mechanisms and responsibilities to ensure the market a quick and opportune information, so as to reduce any information asymmetry.

Shareholders, as far as they control 10% or more of the company, as well as chief executives, are obliged to inform the Securities Commission and the stock market, not only of the transactions of their stocks, but also operations on contracts or other securities whose price or outcome is dependent or conditioned upon its stock price.

The law also incorporates a special section for transactions of public offering securities, which allows the imposition of restrictions, absolute or temporary, to the acquisition or disposal of such securities, an issue that must be regulated by the Board and informed to the Securities Commission.

In a similar vein, stockbrokers and security dealers must define and communicate their own monitoring procedures  for the proper handling of information to which they have access and which might affect supply or demand of securities transactions in which they participate.

The chief executives are also incorporated in the list of related parties and are required to report their position in securities of entities of the corporate group to which they belong.

2- Inside Information:

Directly related to promoting transparency and symmetry of information available to the market, the new law includes an explicit ban on selling securities while in possession of inside information, making an explicit distinction between the presumption of possession of information (applicable to those who are part of the administration) and the presumption of access to information (applicable to outsiders).

Provision is also an aggravating offense to Article 61 of the Securities Act, in terms of increased punishment for the crime of disseminating false or misleading information, even if advantages or benefits are not pursued, when the perpetrator of the crime might possess or have access to inside information, in which case the penalty of inability to serve as director, manager, liquidator or administrator of companies under the control of the Securities Commission also applies.

3- Public Offer of Stocks (OPA):

The mechanism of public offer of stocks is perfected, incorporating the obligation of the controller, who because of a takeover bid has acquired over 95% of the stocks of the company, to acquire the shares of the remaining 5%, if they so require, by exercising their right of withdrawal.

In contrast, the figure of the squeeze – out, of wide application in more developed financial markets, is now incorporated and the Controller who, product of a takeover bid acquires over 95% of the stocks of the company, may force the remaining 5% to sell their shares, provided that this provision was laid out in the bylaws.

4- Supervision and Control of the Administration:

(a) Creation the figure of the Independent Director, mandatory for any corporation that trades their shares and complies with the requirements to have a Directors Committee (UF 1.5 million of market capitalization and over 12.5% of its shares held by minority shareholders). In order to define the concept of the independent director, the factors that make them lose such quality and disable a person for this position are detailed.

(b) Restate the role of the Directors Committee, which shall consist of a majority of independent directors and increase their powers of supervision and control within the company.

(c) Raise the requirements, restrictions and incompatibilities for the Auditing Companies and higher technical standards imposed on their reports, so that they are obligated to attend shareholders’ meetings to explain the content of their opinions. Particular emphasis is placed on the need for auditing firms, their partners and teams to have full independence from the audited entity, establishing also a lack of independence assumptions that make them unsuitable to perform their duties.

5- Shareholders’ meeting:

Finally, the law provides a set of rules that empowers shareholders, improving their levels of information and facilitating the exercise of voting rights, even allowing, with the permission of the Securities Commission, electronic devices to remote voting.

There are, however, certain restrictions imposed on the exercise of voting rights to security dealers or brokers that hold securities in custody, in terms that they can only vote if they have been specifically authorized by the stock owner and they can only do so through their representatives or lawyers, but without the possibility of delegating to third parties.

The new law incorporates the possibility of establishing a formal stock options or compensation plans for employees of closed corporations for up to 10% of the amount of capital increases that are agreed upon and establishes the requirement to obtain board approval for transactions with persons related to or in an apparent conflict of interest.

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The new law clearly represents an important step forward in the line of revealing relations between issuers and the general public, seeking to avoid the recurrence of certain situations seen in recent times, so as to avoid adverse affects in the trust in the market within the system.

Alvaro Rosenblut

Partner AlbagliZaliasnik Attonrneys

Experiencia

• Grasty, Quintana, Majlis & Cia.- Abogados (2007-2008).
• Albagli Zaliasnik (2009 a la fecha).

Educación

• Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile (2009).

Experiencia docente

• Ayudante curso: Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica de Chile (2004-2007).

Idiomas

Español e Ingles.

Experience

• Grasty, Quintana, Majlis & Cia.- Abogados (2007-2008).
• Albagli Zaliasnik (2009 a la fecha).

Education

• Attorney, Pontificia Universidad Católica de Chile (2009).

Teaching Experience

• Assistant professor for Constitutional Right, Pontificia Universidad Católica de Chile (2004-2007).

Languages

• Spanish and English