Los invitamos a leer la columna escrita por nuestro socio, Antonio Rubilar, donde abordó los cinco desafíos que enfrentan las empresas para aplicar la Ley REP.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Medio Ambiente, en Chile se generan entre 17 y 19 millones de toneladas de residuos industriales sólidos al año, de los cuales, por lo menos hasta ahora, una porción muy menor ingresaba a algún proceso de reciclaje, recuperación o circularidad. Frente a este escenario, la Ley N° 20.920 sobre Responsabilidad Extendida del Productor (REP), representó un paso crucial para transitar hacia una economía circular. Sin embargo, la implementación efectiva de esta normativa enfrenta una serie de desafíos que las empresas chilenas aún no logran sortear del todo.
El objetivo de la Ley REP es claro: obligar a los productores – fabricantes, importadores y comercializadores – a hacerse cargo de los residuos derivados de sus productos una vez finalizada su vida útil. Esto incluye categorías prioritarias como neumáticos, aceites lubricantes, envases y embalajes, pilas, aparatos eléctricos y electrónicos, y baterías. Pero entre el diagnóstico y la ejecución hay una brecha que aún se mantiene abierta.
Uno de los principales obstáculos está en la valorización energética. Si queremos ser un país realmente líder en economía circular es clave avanzar en este aspecto, porque, aunque una empresa recicle gran parte de sus residuos, siempre queda una parte importante que termina en rellenos sanitarios por no ser reciclables. La valorización energética es un proceso mediante el cual se aprovecha el contenido energético de ciertos residuos no reciclables para generar energía, en forma de electricidad, calor o combustibles y así evitar que terminen en rellenos sanitarios o vertederos. Sin embargo, para que este avance, es necesario voluntad política, porque crear una planta que genera energía con basura no es tan rentable como una planta de energía solar o eólica. Por eso es necesario impulsar políticas que hagan igual de rentables los proyectos en esta materia.
A esto se suma la falta de infraestructura y logística de reciclaje a nivel nacional. Si bien el marco legal es ambicioso, su éxito depende de contar con sistemas de recolección, clasificación y valorización que aún son incipientes en muchas regiones del país. La instalación de puntos limpios, plantas de tratamiento y sistemas de trazabilidad requiere inversiones que superan la capacidad de muchas empresas, especialmente pymes.
Otro desafío relevante es el débil conocimiento normativo y la falta de capacidades técnicas dentro de las empresas. Muchas organizaciones aún desconocen sus obligaciones específicas bajo la Ley REP o las subestiman, lo que genera retrasos en su cumplimiento y riesgos de sanciones. La Subsecretaría del Medio Ambiente ha desarrollado campañas de información, pero éstas aún no logran penetrar de manera suficiente en la estructura empresarial, especialmente fuera de Santiago.
Además, la falta de una cultura empresarial circular también juega un rol determinante. En muchas compañías, la gestión de residuos sigue siendo vista como un costo más que como una oportunidad para innovar, generar valor reputacional o incluso monetizar a través de subproductos reciclables. La Ley REP no solo exige cumplir, sino también repensar modelos de negocio, desde el diseño de productos hasta su distribución y disposición final. La integración del ecodiseño, la reutilización de materiales y la trazabilidad de insumos deben dejar de ser una excepción y convertirse en la regla.
Finalmente, el quinto desafío está en la asimetría de información y el riesgo de competencia desleal: mientras algunas empresas están invirtiendo seriamente en sistemas de gestión y cumplimiento, otras aún operan fuera del radar fiscalizador. Esto genera una sensación de injusticia que puede desincentivar el cumplimiento voluntario.
En el contexto del Día Internacional del Reciclaje, este 17 de mayo, el llamado no puede ser solo simbólico. La Ley REP es una oportunidad para que Chile transite hacia un modelo de producción más sustentable, alineado con los compromisos internacionales en materia de cambio climático y gestión de residuos. Pero su implementación efectiva exige más que buena voluntad: requiere coordinación público-privada, financiamiento, fiscalización efectiva y un cambio cultural profundo.
Columna escrita por:
Antonio Rubilar | Socio | arubilar@az.cl
