Los invitamos a leer la columna escrita por nuestra directora del Grupo Tributario, Andrea Bobadilla, donde se refirió a las omplicancias que puede tener la eliminación de la Unidad de Fomento para los créditos hipotecarios.
En las últimas semanas volvió a aparecer en la conversación pública un tema que cada cierto tiempo reaparece: la posible eliminación de la Unidad de Fomento (UF). Esta moción parlamentaria, presentada en 2023 y que ahora avanzó en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, busca eliminar su uso, afectando especialmente a los créditos hipotecarios.
No es un debate menor. Casi todas las familias que compran una casa en Chile lo hacen con préstamos hipotecarios expresados en esta unidad. Actualmente, obtener un crédito hipotecario se ha vuelto mucho más difícil. Los precios de las casas subieron, los sueldos no crecieron al mismo nivel y los bancos exigen mayores trámites para su aprobación. En este contexto, es lógico que muchas personas miren con molestia cómo sus dividendos en UF siguen aumentando.
Pero aquí surge la pregunta de fondo: ¿eliminar la UF resuelve algo o puede terminar generando un problema mayor?
Si bien es entendible el malestar de muchas personas ante el aumento sostenido de los valores expresados en UF, ante una inflación persistente y con mayores restricciones para acceder al financiamiento de créditos hipotecarios, en mi opinión, es fundamental abordar este tema con seriedad, desde una perspectiva técnica y jurídica, por cuanto se advierte por instituciones de prestigio en nuestro país como el Banco Central de Chile y la Comisión para el Mercado Financiero, que suprimir la UF podría traducirse en efectos estructurales, con efectos negativos en la economía, seguridad contractual y el acceso a la vivienda.
Para entender el debate, hay que volver a su origen: la UF fue creada hace más de medio siglo por el Banco Central de Chile, con la finalidad concreta de ofrecer un mecanismo de estabilización financiera pensado para mitigar los efectos de la inflación en contratos de largo plazo. La lógica detrás de su diseño es tan simple como poderosa, y en palabras simples, se creó para proteger los valores ajustándolos en el tiempo de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), de manera que los compromisos financieros a largo plazo mantengan su valor real en el tiempo.
Gracias a eso, ha sido posible ofrecer plazos largos y tasas más bajas, como ocurre en los créditos hipotecarios a 20, 25 o 30 años. En definitiva, la UF otorga certezas tanto para el deudor como para el acreedor.
Eliminar la UF no hace desaparecer la inflación. Lo que cambia es quién asume el riesgo. En el mercado hipotecario, este riesgo recaería directamente en los bancos o prestamistas, quienes, razonablemente, los traspasarán a los clientes, elevando las tasas de interés, exigiendo más garantías y condiciones de acceso más restrictivas para obtener un préstamo. En otras palabras, en lugar de facilitar el acceso a la vivienda y resolver el problema, esta medida los haría más caros y limitados.
Desde el punto de vista jurídico, el problema no es menos complejo. Actualmente existen millones de contratos vigentes estructurados en UF incluyendo hipotecas, arrendamientos, seguros, instrumentos de deuda, entre otros. Forzar su conversión a pesos implicaría modificarlos afectando el principio de la autonomía de la voluntad contractual consagrado en el artículo 1545 del Código Civil. Esto sin duda, generaría un ambiente de incertidumbre jurídica y abriría la puerta a masivas renegociaciones, y porque no decirlo, consecuencias altamente litigiosas, debido a potenciales incumplimientos y desequilibrios que eso generaría.
A largo plazo, los efectos no serían meramente transitorios. Cambiar este mecanismo de reajuste, incluso podría frenar inversiones en un sector inmobiliario que ya pasa por una crisis en los últimos años. Al final, quienes más sentirían el impacto serían las mismas familias que hoy esperan financiar su vivienda.
La UF simplemente es el termómetro que mide esta fiebre inflacionaria. El problema es una inflación que persiste y erosiona el poder adquisitivo.
Romper el termómetro (la UF) no cura la fiebre, solo nos deja sin una herramienta que ha dado estabilidad a los contratos de largo plazo durante décadas. En mi opinión, cambiarla implica riesgos jurídicos y financieros que hay que medir con seriedad, antes de eliminarla.
Columna escrita por:
Andrea Bobadilla | Directora Grupo Tributario | abobadilla@az.cl
