Nuestra directora del Grupo Tributario, Andrea Bobadilla, conversó de forma exclusiva con LexLatin para abordar los beneficios que tiene para las empresas la Ley de Incentivo Tributario a la Investigación y Desarrollo (I+D).
Desde enero de 2008, Chile tiene en vigencia la Ley N° 20.241 (o Ley I+D), que establece un incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo (I+D) y consiste en otorgar un beneficio tributario a las empresas que invierten en proyectos de I+D. Las empresas que cumplan con los requisitos pueden utilizar como crédito tributario contra el impuesto de primera categoría un monto equivalente a 35 % de los gastos incurridos en estos proyectos, mientras el 65 % restante puede ser deducido de la renta líquida de la empresa.
Inicialmente, esta exención se aplicaba a proyectos de I+D realizados a través de contratos con centros de investigación acreditados por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), en la modalidad conocida como “extramuros”. Posteriormente, mediante la Ley N° 20.570, se amplió para incluir también los proyectos realizados por las propias empresas con sus capacidades internas (o “intramuros”), siempre y cuando el Corfo los hubiera certificado previamente.
El objetivo principal de la Ley N° 20.241 es fomentar la inversión privada en I+D, promoviendo la innovación y el desarrollo de capital en el país. Es, como han indicado diversos expertos, “una herramienta fundamental para promover la innovación en Chile, permitiendo a las empresas deducir hasta un 52,55 % de sus inversiones en I+D”. Y su aplicación ha rendido frutos: tuvo dos períodos de crecimiento, en 2015, cuando creció la certificación de las empresas con proyectos I+D (postulaciones que logran certificar montos parciales o completos) en 110 %, en comparación con 2014; y 2020-2023, cuando las certificaciones crecieron 42,7 % (a nivel de postulaciones), en comparación con 2019.
Según cifras, el primer crecimiento se encuentra relacionado a la nueva versión de la Ley I+D (Ley 20.570, que entró en vigencia en 2012), mientras la segunda alza está relacionada a los esfuerzos de difusión del instrumento a empresas con distinto perfil a las que habían empleado este mecanismo. En 2024, la cobertura aumentó 3,8 % respecto a 2023. Además, Chile pasó de invertir 0,39 % del PIB en I+D en 2022 a 0,41 % en 2023.
A pesar de los beneficios, Jocelyn Olivari, gerente de Innovación de Corfo, señaló que el país vive una paradoja en la que las empresas invierten tímidamente en I+D, causando el desperdicio de beneficios tributarios por casi 250 millones de dólares y dejando de lado lo que podría llamarse “la década dorada de la innovación chilena”. Pero esta paradoja puede ser resuelta mediante la extensión de la Ley I+D, que vencía el 31 de diciembre de este año pero fue extendida hasta diciembre de 2035, para darle a los innovadores chilenos el tan necesario impulso para “potenciar justamente la inversión que realizan las empresas en nuevo conocimiento”. El llamado de Corfo al sector privado es, entonces, que aproveche la oportunidad que solo requiere estar haciendo I+D.
Pero una de las principales trabas que este incentivo fiscal tiene es que muchas empresas desconocen su aplicación y beneficios, es por ello que –como ya señalamos– el segundo pico de crecimiento en certificaciones ocurrió en el año en que el Gobierno chileno se dedicó a divulgar la Ley y sus beneficios. A las puertas de esta extensión, Andrea Bobadilla, directora del Grupo Tributario de Albagli Zaliasnik, se sentó con LexLatin y, en una fructífera conversación, nos explicó mejor qué implica para Chile la prórroga y cómo modelará el panorama fiscal e innovador de la nación.
LexLatin: ¿Qué busca la prórroga del incentivo tributario hasta 2035? ¿A cuáles industrias buscaría beneficiar más?
Andrea Bobadilla: La prórroga hasta 2035 busca dar un mensaje claro: La Ley I+D llegó para quedarse y sus reglas no van a cambiar de un día para otro. Esto, por sencillo que pueda parecer, aporta a las empresas del área un activo importante, sobre todo si hablamos de proyectos de alta inversión: estabilidad y previsibilidad, factores claves en políticas tributarias serias y sostenibles. Si una empresa sabe con anticipación qué gastos podrá deducir y qué créditos utilizar por 10 años más, puede planificar proyectos a largo plazo con seriedad y sin temor a cambios abruptos. Esto también afecta directamente en la información entregada a inversiones tanto actuales como potenciales, influyendo en decisiones de negocios, o aumentos de inversión en cada proyecto.
Según cifras oficiales de Corfo, hoy en día la mayor parte de las empresas beneficiarias pertenecen al rubro de la manufactura, agroindustria, minería, pesca y acuicultura y alimentos procesados. Otro aspecto importante de destacar es que este nuevo plazo abre también la oportunidad para que sectores como la biotecnología o las energías limpias se incorporen con mayor fuerza.
¿Consideras que este incentivo tributario ha estado subutilizado? ¿Cuáles han sido sus mayores puntos fuertes / logros y fallos y qué cambió en esta extensión?
Chile lleva más de 25 años invirtiendo en I+D. Con un porcentaje de inversión entre 0,31 % y 0,41 % del PIB, llegando a su máximo histórico de 0,41 % en 2023. Aunque es un avance, la verdad es que aún seguimos lejos del promedio OCDE que alcanza 2,7 %. En mi opinión la subutilización de este beneficio fiscal puede tener su explicación en la falta de difusión que la misma ha tenido a la fecha y lo complejo que resultaba la materialización de la misma, ello sumado a nuestra cultura muchas veces resistente a cambios en la forma de desarrollar los procesos.
La Ley I+D contempla aspectos muy positivos además de la certeza jurídica. Cuenta con un proceso técnico serio a cargo de Corfo y un beneficio concreto para empresas con utilidades; sin embargo, el problema es que sigue siendo poco conocida y muchos la ven como un trámite complejo de llevar a cabo. Por otro lado, la mayoría de los proyectos se concentran en pocas regiones y sectores lo que merma la difusión de la misma. Sin embargo, con la extensión a 2035, las empresas ganan tiempo y estabilidad para planificar y, con los cambios que han simplificado el proceso, cuestión que era a todas luces necesaria, debería ser más fácil y amigable acceder al beneficio.
Medios chilenos han comentado que, pese a sus beneficios, la Ley I+D sigue siendo poco conocida entre las empresas, lo que ha generado una “oportunidad perdida” para el ecosistema productivo, ¿estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Cuáles oportunidades se pierden en materia fiscal y económica por el desconocimiento de esta ley, tanto para Chile como para sus empresas?
Sí, y de gran magnitud. De casi 3.000 empresas que hacen I+D, solo un tercio conoce la ley y apenas 8,5 % la usa (Encuesta sobre gasto y personal en I+D, 2022). Esto significa que se han dejado de aprovechar beneficios por unos USD 250 millones. No es dinero que se pierde para siempre, pero sí son recursos que pudieron financiar más investigación, contratar personal especializado, comprar equipamiento o mejorar procesos. Desde lo tributario, es más inversión que gasto. Si no se corrige esta brecha, Chile pierde competitividad y la posibilidad de hacer crecer su economía a través de la innovación.
¿Esta ley se cruza con alguna otra ley fiscal, o económica, que la complemente o afecte de alguna manera?
Sí. La Ley I+D se complementa con la Ley 21.755, que agiliza permisos y trámites para proyectos tecnológicos, y con beneficios como la depreciación acelerada. También se integra con programas de Corfo y ANID que financian las primeras etapas. Así, cuando un proyecto comienza a generar utilidades, la Ley I+D permite descontar gastos y prolongar la inversión en innovación. Es decir, no funciona aislada, sino como parte de un ecosistema que busca apoyar el ciclo completo de un proyecto.
¿Cuáles son las industrias se han beneficiado más de esta ley? ¿Seguirían siendo estas las más beneficiadas a través de la extensión?
En 2024, la pesca y la acuicultura concentraron 33 % del monto certificado (más de 22.600 millones de pesos chilenos), seguidas por minería y metalurgia extractiva (19 %), agricultura (15 %) y química (18 %). La manufactura de alimentos también mantiene un peso importante. Estos sectores han usado la ley para innovar y modernizarse, mejorando procesos y productividad. Con la prórroga hasta 2035, es probable que sigan siendo protagonistas, pero el mayor plazo y la estabilidad tributaria también pueden incentivar que sectores como la tecnología, la biotecnología y las energías renovables se sumen, sobre todo si se refuerzan la difusión y el apoyo a nuevos usuarios.
¿Hay planes para atraer a más empresas hacia este incentivo fiscal? Ya que las startups y empresas de base científica tecnológica no suelen generar utilidades en sus primeras etapas, y por ende acceden a mecanismos de financiamiento directo en vez de a la Ley I+D, ¿cómo convencerlas para usar la ley?
Para las startups, el crédito tributario no es atractivo al inicio porque no generan utilidades en sus primeros años. La estrategia debería ser doble: primero, aprovechar subsidios y financiamiento no reembolsables en la etapa temprana; segundo, documentar bien los gastos desde el comienzo para que, cuando la empresa tenga utilidades, pueda certificar y aplicar el beneficio. Los ajustes recientes en el proceso demuestran que la inclusión es posible: la participación de mipymes en el monto certificado pasó de 1 % a 10 % en solo tres años.
Finalmente, hay naciones que han diversificado su economía mediante el gasto en I+D, ¿cuál es el plan a largo plazo de Chile al extender la vigencia del incentivo?
La meta es que la inversión privada en I+D crezca de forma sostenida, pasando de 0,41 % del PIB actual a por lo menos 1 % en los próximos diez años. Esto ayudaría a que Chile dependa menos de sectores tradicionales y tenga una economía más diversificada y competitiva a nivel internacional. Más empresas innovando significa más desarrollo de productos, procesos y servicios de alto valor, y con ello, más empleo y oportunidades de mejor calidad.
