Nuestro socio Antonio Rubilar y asociado senior del Grupo Derecho Público y Mercados Regulados, Gonzalo Bravo, conversaron en exclusiva con LexLatin para abordar los principales cambios e implicancias que trae la nueva Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales en Chile.
Hasta hace poco, los proyectos estratégicos de Chile debían pasar una prueba de fuego: salir ilesos del laberinto de la permisología. Sin embargo, este escenario cambió el 29 de septiembre pasado, con la publicación en el Diario Oficial la Ley 21.770 o Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), que busca modernizar el Estado y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de espera para la ejecución de iniciativas de inversión. ¿Qué cambia con esta ley?
“La LMAS es una respuesta a un problema de urgencia económica experimentado por Chile desde hace ya casi una década. Con esta normativa, se ha intentado responder a un largo tiempo de estancamiento en el crecimiento y en la productividad, consecuencia directa de una alta burocracia o permisología, es decir, un sistema regulatorio percibido como lento, excesivo y discrecional, que se ha identificado como un obstáculo clave para la inversión en Chile”, contextualiza Antonio Rubilar, socio de Albagli Zaliasnik.
El objetivo del nuevo marco regulatorio, conocido popularmente como Ley de Permisología, es que los proyectos de inversión avancen con mayor certeza y eficiencia, reduciendo los estándares regulatorios. De hecho, modifica más de 300 permisos gestionados por una gran cantidad de entidades públicas y regulados en diferentes cuerpos normativos.
Según el experto, el rol de la LMAS es ordenar el laberinto de regulaciones y permisos existentes. “Esta ley no elimina permisos, sino que estandariza, coordina y agiliza su tramitación”, diferencia.
Gonzalo Bravo, asociado sénior del Grupo de Derecho Público y Mercados Regulados del despacho chileno, señala que los principales inconvenientes que pretende resolver la ley son la tramitación secuencial de permisos; la falta de plazos vinculantes e incumplimiento sistemático de los plazos existente y la enorme discrecionalidad administrativa por parte de las entidades públicas encargadas de acoger a tramitación las solicitudes de los permisos.
“La LMAS introduce una serie de novedades que, si bien por sí solas no reciben aplicación directa, incorporan herramientas que podrían ser una verdadera solución”, especifica.
Para Bravo, las novedades más importantes de la Ley 21.770 son:
- La tramitación paralela, que prohíbe, como regla general, la exigencia de permisos previos, permitiendo avances simultáneos.
- Las técnicas habilitantes alternativas (THA) que, en el caso de las actividades de bajo riesgo, reemplazan el permiso ex-ante por un aviso o declaración jurada con fiscalización ex-post. “Las THA son el instrumento más eficiente para proyectos de bajo riesgo y representan un cambio de paradigma para Chile”, opina Bravo.
- El silencio administrativo, que activa consecuencias —positivas o negativas, según el permiso— si la autoridad incumple el plazo máximo legal.
- La plataforma SUPER, una ventanilla única digital obligatoria para el ingreso, tramitación y seguimiento de todas las solicitudes.
- La clasificación y plazos, dado que obliga a clasificar los 380 permisos en tipologías, cada una con un plazo máximo de resolución, que va de 25 a 120 días.
¿Por qué la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales puede promover la inversión en Chile?
Como la Ley 21.770 fija estándares transversales, introduce procedimientos tipo, establece principios comunes para los servicios —incluyendo interoperabilidad, plazos definidos y deber de motivación— e instala una arquitectura de gobernanza destinada a coordinar a organismos históricamente autónomos entre sí, el pronóstico es alentador: los analistas creen que comenzarán a destrabarse proyectos estratégicos para el desarrollo económico y llegarán nuevas oportunidades de inversión al país.
En este sentido, si bien la ley de permisología oficia como respuesta a un problema estructural, también pretende restaurar confianza en la capacidad del Estado para gestionar autorizaciones con previsibilidad y rigor técnico.
“En el mejor de los escenarios, el activo más valioso que crea la LMAS es la previsibilidad. Al fijar plazos máximos obligatorios y centralizar la tramitación en la plataforma SUPER, la ley permite por primera vez cuantificar el cronograma de permisos no ambientales. Es decir, la próxima vez que cualquier titular de un proyecto que no requiera evaluación ambiental necesite saber cuánto tiempo demorará la obtención de un permiso, podrá saberlo fácilmente, pues la plataforma SUPER dará cuenta de los plazos aproximados para la obtención de cada permiso. Ahora, con la LMAS y la plataforma SUPER, el cronograma de permisos deja de ser una variable incierta y se convierte en un hito medible. Esto permitirá cronogramas de desarrollo más agresivos y reducirá las primas de riesgo asociadas a la incertidumbre de plazos, lo que es clave para cualquier desarrollador o titular”, indica Antonio Rubilar.
La institucionalidad del nuevo marco regulatorio es, para Gonzalo Bravo, un verdadero cambio en beneficio de los inversionistas y de todos aquellos que deseen desarrollar un proyecto.
“Muchos problemas en la tramitación de los permisos se deben, justamente, a la falta de colaboración o coordinación que existe actualmente entre diferentes reparticiones públicas. La creación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) y del Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales (SUPER) son soluciones reales a estos problemas de descoordinación y cooperación. Por una parte, la OASI permitirá clasificar los permisos y tendrá la posibilidad de coordinar, monitorear, proponer y asesorar, mientras que la plataforma SUPER permitirá obtener mayor transparencia, ya que inversionistas y la sociedad civil podrán ver en tiempo real qué servicio está incumpliendo un plazo, por qué y por cuánto tiempo. En consecuencia, es de esperar que la OASI use estos datos objetivos para proponer reformas basadas en evidencia, en lugar de anécdotas o informes sin consecuencia práctica. La transparencia de SUPER es, en sí misma, la herramienta de gobernanza más potente de la ley”, considera el asociado sénior del Grupo de Derecho Público y Mercados Regulados.
Siete conceptos clave a tener en cuenta antes de invertir u operar con el nuevo régimen, según los expertos de Albagli Zaliasnik:
- Las técnicas habilitantes alternativas promueven la aceleración radical para proyectos de bajo riesgo y sustituyen permisos por declaraciones juradas, permitiendo el inicio de operaciones de inmediato. “Es un gran beneficio para proyectos pequeños y medianos que no requieren ingreso al sistema de evaluación ambiental. No obstante, el éxito de esta herramienta dependerá en gran parte de la capacidad real del Estado para financiar y ejecutar la fiscalización posterior”, coinciden.
- La nueva institucionalidad de la plataforma SUPER otorga previsibilidad a los proyectos. “Además, se crea una repartición pública especializada en el asesoramiento y monitoreo en temas de permisos”, subrayan.
- Los proyectos que sean catalogados como iniciativas de inversión estratégica obtendrán una tramitación ágil. “Esto reducirá drásticamente el riesgo regulatorio y, por ende, permitirá que los proyectos accedan a un costo de capital más bajo”, anticipan.
- La posibilidad de realizar tramitaciones paralelas es una ventaja enorme, pero exigirá una inversión inicial en due diligence regulatorio y en ingeniería de detalle mucho más robusta antes de iniciar cualquier trámite. “Esta herramienta permitirá que el titular de cualquier proyecto prepare e ingrese a la plataforma SUPER un paquete de solicitudes de trámites simultáneamente, asegurando que la información de ingeniería y legal sea completamente coherente desde el día uno”, amplían.
- Los riesgos en la implementación de la LMAS son bajos, pero existen. “La ley depende de múltiples reglamentos que aún están pendientes; el éxito de las THA dependerá del ejercicio de la potestad fiscalizadora”, advierten.
- La aplicación del silencio positivo es una solución contra la ineficiencia estatal, pero sumamente riesgosa. “Una autorización obtenida por silencio es una autorización débil, y será un blanco fácil para litigios de anulación, creando una nueva forma de incertidumbre judicial”, observan.
- Los proyectos que requieran pasar por una evaluación ambiental serán los menos beneficiados. “Los grandes sectores intensivos en capital, como minería, energía e infraestructura, quedan en una situación de incertidumbre. Si bien se beneficiarán de la LMAS en la fase post-RCA, la ganancia es marginal frente a su problema central: la demora y complejidad del SEIA y los PAS, que quedaron fuera de esta reforma”, explican.
Cambios a nivel directorio, ¿qué deberían tener en cuenta las empresas ante el nuevo marco de la ley de permisología?
“La LMAS supone un cambio cultural enorme en las empresas. El problema será identificar cuáles serán los procesos internos de las empresas que la LMAS y la normativa futura afecte. Advertir cuáles serán los beneficios en los procesos y cuáles serán los potenciales riesgos será clave a nivel directorio y general de las empresas”, contesta Antonio Rubilar.
Sobre este punto, Gonzalo Bravo complementa que la LMAS impone la obligación de establecer un modelo de supervisión del due diligence regulatorio y el compliance.
“Con las THA, la empresa opera en base a una declaración jurada. El riesgo de compliance se traslada 100 % a la empresa. Una declaración falsa, errónea u omisa puede tener consecuencias graves, como clausura o multas, e incluso puede activar la responsabilidad penal de la persona jurídica”, apunta.
A su vez, el directorio deberá exigir un dashboard de seguimiento en tiempo real de todos los permisos en la plataforma SUPER.
“La nueva obligación crítica es monitorear el reloj para saber exactamente cuándo se cumplen los plazos y la empresa está en posición de invocar el silencio administrativo, una decisión que tendrá implicancias legales estratégicas, cuyo resultado —favorable o desfavorable— dependerá justamente de la capacidad interna de supervisión del due diligence regulatorio y el compliance”, detalla Rubilar.
El caso chileno: por qué la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales marca un quiebre regional
La entrada en vigencia de la ley se dio en un momento político clave, en medio de un ciclo preelectoral sin precedentes. El país busca, más que nunca, equilibrar señales de estabilidad regulatoria con la urgencia de destrabar proyectos estratégicos en energía, minería, hidrógeno verde, infraestructura y logística.
“Si bien la ´tramitología´ es un problema general en Latinoamérica, lo que es notable e imitable en el caso de Chile no es tanto el modelo técnico de la ley ni las soluciones allí establecidas, sino el consenso político que la hizo posible, convergiendo en una agenda pro-crecimiento”, analiza el socio de Albagli Zaliasnik.
Ahora bien, el modelo no es tan sencillo de replicar en otros países de la región. “Cualquier imitación de la LMAS conlleva un riesgo: la ley chilena excluyó deliberadamente la reforma al complejo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que la propia industria minera identifica como la principal traba, y, asimismo, ignoró que el principal problema en el desarrollo de los proyectos es su constante judicialización. Por lo tanto, cualquier país que imite este modelo sin abordar su propia reforma ambiental paralela y la judicialización de los proyectos, solo estará resolviendo la mitad —y por cierto la menos compleja— del problema”, advierte Rubilar.
