Nuestro socio Jorge Arredondo conversó con Diario Financiero a raíz del debate que generó el proyecto de negociación colectiva multinivel que recientemente ingresó al Congreso.
El proyecto de negociación colectiva multinivel del Gobierno lleva apenas unos días en el Congreso, pero ya ha recibido duras críticas por parte del mundo empresarial.
Cuestionamientos a los que ahora se suman los abogados laborales, quienes, en su mayoría, muestran varias críticas al modelo propuesto, en particular a las consecuencias de su implementación.
El proyecto, en líneas generales, busca implementar un sistema de negociación que se estructurará en tres niveles interrelacionados: sectorial (superior), intermedio (acuerdos marco) y empresa.
Las negociaciones de nivel sectorial fijarán un estándar mínimo de derechos y beneficios que es obligatorio e irrenunciable en materias de remuneraciones, beneficios, obligaciones, entre otros.
En el nivel intermedio se podrá dialogar sobre condiciones en contextos específicos, como cadenas de valor, grandes proyectos o faenas, permitiendo coordinar obligaciones recíprocas entre empresas principales y contratistas en materias como seguridad y capacitación, dinámicas que ocurren actualmente en nuestro país. Y el nivel empresa tiene la función de adaptar y mejorar las condiciones establecidas en los niveles superiores, nunca disminuirlas.
Una propuesta que ha generado un intenso debate.
“Me parece inoportuno los tiempos en que se envía este proyecto de ley. Si bien viene de una promesa de este Gobierno y se había comprometido así con la CUT hace años atrás, una materia tan trascendente no puede ser discutida a la rápida, a la ligera y cuando este Gobierno está en los descuentos”, criticó el socio y líder del Grupo Laboral de Albagli Zaliasnik, Jorge Arredondo.
Para Sebastián Wielandt, director del área judicial y laboral de MCP Abogados, el proyecto de ley busca “imponer a las empresas un régimen de negociación sectorial que establezca pisos mínimos por sector económico, incluyendo a aquellas empresas que no se sientan representadas en la negociación. Esto es muy complejo y puede producir serios problemas, ya que no se consideran las particularidades de cada empresa”.
Una lectura similar entregó Cristobal Raby, socio de Prieto Abogados, quien cuestionó que el proyecto ayude a resolver problemáticas relacionadas a productividad y salarios.
“Lo relativo a la productividad se deberá ver siempre a nivel empresa en relación con los planes particulares de incentivos que se regulen en cada una de ellas”, planteó.
Para él, además, en materia de salarios, será muy difícil aunar criterios sectoriales, ya que —expuso— los salarios y la movilidad de un mercado no sólo dependen de la actividad económica mirada de forma abstracta, sino que también de la zona geográfica en que se desarrollan. “A modo de ejemplo, no es homologable un supermercado en Arica con un supermercado en Temuco. A la larga, la fijación de salarios sectoriales podría tender a la baja de estos con el objetivo de regular a nivel de empresa los incentivos relacionados a la productividad”, aseguró Raby.
Una inquietud compartida por Arredondo, quien agregó que “no todas las empresas por estar en el mismo giro presentan las mismas características”.
Más drástico se mostró Rodrigo Ugarte, socio de Aninat Abogados, quien aseguró que la propuesta se aleja “radicalmente” de la realidad histórica y se ampara, dice “en la que, a estas alturas, corresponde a una tradición de los gobiernos salientes que presentan proyectos de ley en los últimos días de su mandato para cumplir formalmente su programa”.
Él, además, destacó que el proyecto de ley “no es fruto de un acuerdo previo, amplio y consensuado entre los diversos actores del mundo laboral, pues obedece a uno alcanzado únicamente entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores, CUT”.
