En el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones, los invitamos a leer la columna de opinión escrita por nuestro director Gonzalo Bravo y asociado senior Francisco Alarcón, del Grupo Derecho Público y Mercados Regulados, sobre data centers en Chile.
La transición hacia la Inteligencia Artificial (IA) exige una gran infraestructura física que soporte estas operaciones: los data centers. El Plan Nacional de Data Centers 2024-2030 aspira textualmente a “consolidar a Chile como un hub tecnológico en América Latina”, buscando “garantizar que el desarrollo de los data centers sea sustentable, minimice el impacto en los ciudadanos y el medio ambiente”.
Sin embargo, la concreción de inversiones se confronta con una permisología ambiental y sectorial que se proyecta en lo judicial, perjudicando nuestra competitividad.
La industria enfrenta nudos hídricos y energéticos críticos. El punto de inflexión fue la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental (Rol R-271-2020) sobre el proyecto de Google en Cerrillos. Exigiendo anticipar el estrés hídrico en los siguientes términos: “el SEA debió haber tomado las precauciones necesarias, conforme con el principio precautorio, atendida la vulnerabilidad del acuífero y haber considerado los efectos del acuífero en su peor condición posible y, por ende, el efecto del cambio climático en la evaluación”.
Esta jurisprudencia forzó a migrar a la refrigeración por aire, eliminando el consumo hídrico, pero disparando la demanda eléctrica y el requerimiento de almacenamiento (baterías BESS y diésel).
Para otorgar algo de certeza, el Servicio de Evaluación Ambiental publicó una nueva guía de criterios técnicos. La guía en cuestión revela que no existen reglas claras para proyectos de data centers, de hecho, no son infraestructura que esté dentro de la tipología legal ni reglamentaria de proyectos.
Por ello, su evaluación debe realizarse caso a caso, considerando los proyectos por partes. Así, un data center se evalúa fragmentadamente por poseer generadores de respaldo o líneas de alta tensión, provocando incertidumbre en cada uno de estos procesos.
La Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información A.G. (ACTI) ha denunciado cómo esta incerteza encarece el costo de capital. Si bien el Ejecutivo promulgó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales para agilizar trámites, esto aborda solo una arista menor del problema.
El estancamiento real de los grandes proyectos radica en su judicialización. De hecho, las aprobaciones que se obtengan como consecuencia de la aplicación del nuevo silencio administrativo positivo abren inevitablemente nuevos flancos para recursos de protección y reclamaciones de terceros, arriesgando una mayor congestión en los tribunales.
Si el Estado no resuelve la contradicción entre su discurso pro-inversión y el alto riesgo de judicialización que recae sobre el titular del proyecto, nuestra infraestructura se quedará solo en un plan sin correlato en la realidad, desperdiciando una oportunidad de desarrollo crítica para el país.
Columna escrita por:
Gonzalo Bravo | Director Grupo Derecho Publico y Meracdos Regulados | gbravo@az.cl
Francisco Alarcón | Asociado Senior Grupo Derecho Publico y Meracdos Regulados | falarcon@az.cl
