Los invitamos a leer la columna de opinión escrita por nuestro asociado senior del Grupo Derecho Público y Mercados Regulados, Ramiro Araya, sobre los desafíos en sustentabilidad para la industria minera en Chile.
Chile históricamente se ha caracterizado por su compromiso en la lucha contra el cambio climático, suscribiendo desde 1992 los tratados internacionales más importantes sobre la materia. A nivel interno, este compromiso se concretó con la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático y la Estrategia Climática de Largo Plazo, a través de las cuales el país aspira a alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050. Lo anterior representa desafíos relevantes para la industria minera.
En términos concretos, ambos instrumentos tienen como objetivo la reducción global de al menos un 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la minería con medidas como el desarrollo de flotas de transporte cero emisiones y contratos de suministro eléctrico con fuentes renovables.
En la misma línea, la Política Nacional Minera 2050 proyecta para el año 2030 una reducción del 50% de las emisiones del CO2 proveniente de las operaciones de la gran minería. El Consejo Minero, asociación gremial que agrupa a las principales empresas de la industria, ha asumido con decisión esta tarea, publicando las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de cada uno de sus asociados en el mediano y largo plazo ( años 2030, 2040 y 2050).
Se trata de un proceso en pleno desarrollo que genera cierta incertidumbre en los sujetos regulados. Sin ir más lejos, el 13 de junio de este año Sernageomin presentó la “Guía de Implementación de Proyectos Mineros y Revisión de Tecnologías para la Descarbonización” y la “Guía de Presentación de Pilotos o Proyectos con Tecnología Trolley Assist en Faenas Mineras”, dirigidas a empresas de mediana y gran minería. Su objetivo es facilitar la implementación de energías renovables, electromovilidad, hidrógeno verde, captura de carbono y otros avances tecnológicos en todas las áreas y procesos de la industria. A través de ellos, la autoridad intenta presentar criterios técnicos claros para lograr la necesaria transición energética que requiere el cumplimiento de las metas fijadas por el Estado.
Tan importante como la reducción de emisiones es la gestión segura de los relaves activos y abandonados. En 2019 fue publicado el Plan Nacional de Depósito de Relaves que puso marcha un programa de cierre seguro de relaves abandonados -pasivos ambientales con gran potencial de impacto- y monitoreo efectivo de los relaves activos. En el año 2024 el gobierno dictó la “Agenda de Relaves” para los años 2025 y 2026, proponiendo medidas para acelerar el cierre de depósitos críticos antes de 2030 y erradicar los depósitos abandonados con plazo máximo al 2050.
Estas exigencias son armónicas con el largo trabajo que llevan realizando las empresas mineras para avanzar hacia una actividad más sustentable, donde la protección del medio ambiente (por ejemplo, a través de la incorporación de matrices energéticas limpias), la implementación de un modelo económico circular y la relación constante con las comunidades locales constituyen condiciones esenciales para lograr la licencia social y la continuidad del negocio a largo plazo.
Con todo, el cumplimiento de los compromisos ambientales genera una tensión- al menos aparente- con la necesidad de crecimiento de la industria y su rol estratégico en el desarrollo del país. Chile necesita que la minería crezca a pasos agigantados, pero sin desatender la preservación del medio ambiente y la protección de los derechos fundamentales.
La respuesta legislativa ha sido la implementación de incentivos para la adopción de prácticas sustentables. El ejemplo más claro se encuentra en materia de reducción emisiones, con la creación de los “bonos de carbono” y la posibilidad de transarlos en el mercado, la simplificación de los requisitos de autorización de proyectos que ocupen energías renovables y el incentivo fiscal para el uso de nuevas tecnologías.
No obstante, dichos mecanismos no son suficientes para abarcar las dificultades asociadas al problema. Las demoras y complejidades de los procesos de autorización ambiental son una de las principales barreras de entrada para el desarrollo de nuevos proyectos en el país. Esta situación recién fue objeto de regulación con la reciente publicación de la Ley Marco de Permisos Sectoriales que busca reducir los tiempos de tramitación entre un 25% y 50%. Su efectividad dependerá de múltiples factores, incluyendo la forma en que los órganos sectoriales implementen la ley y que las normas complementarias que se dicten en virtud de ella no impongan nuevas cargas a los titulares de los proyectos.
En definitiva, se trata de una cuestión que requerirá de la cooperación público-privada en pos de un objetivo común, y principalmente de instituciones técnicas, eficaces y transparentes que sean capaces de tomar decisiones consistentes con un plan a largo plazo más que con una coyuntura política determinada. Los órganos del Estado deben ofrecer certeza jurídica, un marco estable que permita a los inversionistas embarcarse en proyectos de gran envergadura bajo reglas claras, que concilien de manera eficiente el crecimiento económico, la preservación del medio ambiente y la protección de los derechos fundamentales de las personas.
Columna escrita por:
Ramiro Araya | Asociado Senior Grupo Derecho Público y Mercados Regulados | raraya@az.cl
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