Compartimos la entrevista de LexLatin a nuestra directora del Grupo Tributario, Andrea Bobadilla, donde abordó cómo deben adaptarse las empresas para el desarrollo eficaz de la sostenibilidad tributaria en sus operaciones.
En octubre de 2024, Chile se convirtió en el primer país de América Latina en incorporar a su legislación el concepto de sostenibilidad tributaria. Con la Ley 21.713 o Ley de cumplimiento de las obligaciones tributarias, se reformó el Código Tributario para incorporar el artículo 8°, número 18, que define la sostenibilidad tributaria como el conjunto de medidas que un contribuyente implementa con el objeto de fomentar la cooperación mutua y la transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Desde entonces, la autoridad tributaria chilena —el Servicio de Impuestos Internos (SII)— ha dado pasos para implementar este cambio, con el objetivo de reducir la evasión y elusión fiscales, y se espera que emita una resolución con la que indique los requisitos y la forma en que se va a dar el proceso de certificación de empresas sostenibles (tributariamente), en función de ciertos indicadores.
Desde antes de aprobarse esta reforma, el organismo, a través de un convenio de colaboración, trabajó con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en el diseño de un modelo de análisis que considerara indicadores de sostenibilidad tributaria. Su resultado fue el Formulario de Responsabilidad Social Tributaria (Formulario de RST), que está diseñado a partir de la experiencia de los denominados Grupos Empresariales (GE). Este se encuentra disponible desde mediados de mayo de 2024.
El trabajo de la administración chilena, como pionera en la región en materia de sostenibilidad tributaria, demuestra la importancia del tema, no solo para el servicio de Impuestos Internos, sino también para las empresas que hacen vida en el país.
“Hoy, la sostenibilidad tributaria es importante y no solo se trata de cuánto pagan las empresas, sino de cómo tributan y, por lo tanto, cómo este acto de pago de impuestos se traduce en valor sostenible. Con esto, se ve más el rol social que tienen las organizaciones y no solo la maximización de utilidades o el reporte de beneficios a sus accionistas, como era antes. Es importante el papel que juegan las empresas en nuestra sociedad”, comenta Andrea Bobadilla, directora de Grupo Tributario de Albagli Zaliasnik (AZ).
Antecedentes
A pesar de que el concepto es nuevo en la legislación chilena, la sostenibilidad tributaria no resulta ajena para las empresas del país, sobre todo para aquellas cuyas acciones son parte del Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA) de la Bolsa de Comercio de Santiago, el principal índice bursátil de Chile, pues, desde hace un tiempo, elaboran sus reportes tomando como referencia ciertos estándares internacionales.
Una investigación sobre transparencia fiscal en países de América Latina, hecha por un grupo de académicos encabezados por Antonio Faúndez, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, publicada el año pasado, revela que desde hace un tiempo las empresas que cotizan en el mercado, han estado implementando buenas prácticas fiscales para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en gran medida guiándose por estándares como el Dow Jones Sustainability Index, de 1999, y Global Reporting Initiative, de 2021, por mencionar algunos.
La investigación, además, reveló cómo creció, entre 2020 y 2022, la cantidad de empresas IPSA que divulgaban sus estrategias tributarias, desde 28 % hasta 75 %.
La abogada de AZ hace referencia a la normativa GRI 207, que es usada por empresas en Chile para hacer sus declaraciones; se incluyen aspectos como la existencia de una estrategia fiscal, la gestión de riesgos y la contribución tributaria total por país, entre otras.
Interés creciente
Aún con la experiencia que han desarrollado algunas empresas en la adopción de buenas prácticas tributarias, ha crecido la cantidad de consultas que recibe la firma sobre esta materia, especialmente de grandes empresas, incluyendo a aquellas que tienen presencia global, menciona Bobadilla.
De acuerdo con la abogada esta nueva normativa es una invitación para todos los contribuyentes, incluyendo medianas y pequeñas empresas, pues, aunque se está a la espera de una resolución precisa de cómo actuar, ya hay implementaciones que las empresas deben atender, como contar con una matriz de riesgo tributaria, en la que definan los riesgos, las contingencias y el cumplimiento de sus obligaciones para que, con base en un orden interno, puedan ir de la mano de la autoridad tributaria en esta materia.
La implementación de la reforma será un desafío tanto para la autoridad tributaria internamente, para sus equipos de fiscalizadores, como para las empresas, que este proceso resulte.
“Aunque hoy es una herramienta, que se implemente de buena forma y que en el fondo tenga los beneficios esperados para ambas partes, va a ser una cuestión de tiempo, de poder medir”.
Certificación
De acuerdo con lo establecido en la legislación chilena, para que una empresa sea sostenible tributariamente debe certificarse cada año, a través de compañías certificadoras independientes, cuyos nombres serán publicados próximamente en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos.
A través de este proceso las empresas podrán acreditar que sus operaciones y estrategias fiscales están alineadas con la sostenibilidad tributaria.
Además, se plantea otro mecanismo de certificación, como la suscripción de acuerdos de cooperación entre el SII y dos o más sociedades de un mismo grupo empresarial, una disposición plasmada en la Circular N° 06, publicada por el organismo en enero de este año y en la que se hace referencia a grupos empresariales y al procedimiento de fiscalización unificado. La abogada resalta que los citados acuerdos de cooperación tendrán el mismo efecto que la certificación anual.
La certificación es un proceso voluntario. De hecho, Bobadilla explica que para las empresas que no se certifiquen no se contemplan sanciones. Sin embargo, advierte que hay que tener en consideración que, a raíz de la Ley N° 21.713, que configura la más reciente reforma tributaria de Chile, se fortalecen las facultades del Servicio de Impuestos Internos, incluyendo las de fiscalización, por lo que hoy es clave la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones.
“Entonces, si bien no viene una sanción, en el fondo si un contribuyente no se sube al tren de la sostenibilidad tributaria, pudiera ser más fiscalizado por el Servicio Impuestos Internos o que no tenga beneficios concretos de empresas que sí se certifiquen en sostenibilidad tributaria, como menores fiscalizaciones, una comunicación más fluida y, en definitiva, confianza entre el Estado y los contribuyentes”.
Activo estratégico
A criterio de Bobadilla, el tema de los impuestos pasa desde un área contable y tributaria a ser considerado un activo estratégico a nivel de gobernanza.
Se trata de un asunto que estará sobre la mesa, especialmente porque hasta el 30 de junio de este año está previsto que más de 22.000 grandes empresas o grandes contribuyentes respondan la Declaración Jurada 1913, sobre caracterización tributaria global, que contiene preguntas relacionadas con la sostenibilidad tributaria, incluyendo la implementación de algún estándar de buenas prácticas tributarias, los responsables encargados de asegurar dichas prácticas, la conformación del gobierno corporativo y el marco de control fiscal junto con la matriz de riesgos tributarios dentro del grupo empresarial, en caso de estar implementando la gobernanza fiscal, como refiere el SII.
“Estos temas van a ser bastante estratégicos dentro de las empresas, porque no solo, uno de los beneficios es con la autoridad tributaria, es decir, cómo en base a la transparencia y la colaboración, la empresa va a poder tener menos fiscalizaciones, una comunicación fluida, va a poder tener apoyo técnico de la autoridad tributaria o un canal más fluido de comunicación, pero esa es una dimensión”.
Refiere que la otra dimensión es posicionamiento y reputación, que —asegura— son hoy valores súper estratégicos, importantes dentro de las compañías, incluso se traducen en mejores condiciones en el mercado.
Para la directora del Grupo Tax de AZ, el efecto de esto es quizás como un activo intangible en beneficios, por ejemplo, cómo otros grupos de interés, inversionistas e instituciones bancarias, entre otros, ven en el mercado a las empresas sostenibles tributariamente.
ESG, uso de información y sostenibilidad tributaria
Bobadilla no cree que el hecho de que en algunos países se esté desconociendo la adopción de criterios ESG pueda afectar el avance de Chile en materia de sostenibilidad tributaria.
“Los criterios ESG son una dimensión, pero lo que lo que tiene la norma es que una empresa no puede ser sostenible si su dimensión fiscal, su comportamiento tributario, no es transparente, no es sostenible. Entonces, es como agregar un ingrediente más a todos los indicadores de sostenibilidad. Pero, en el fondo, no tienen relación entre sí”.
Respecto a la certificación, han surgido dudas sobre el uso de la información que será entregada por los contribuyentes al Servicio de Impuestos Internos, especialmente de que sea utilizada para fiscalizaciones y otro tipo de procesos, incluso por parte de otros organismos del Estado chileno.
La abogada de AZ descarta esta posibilidad al señalar que la idea es que en la relación entre las empresas y la autoridad tributaria predomine la buena fe y transparencia y cooperación, de manera que pueda fluir la información de estas que es contable y tributaria.
“Lo que se espera es que efectivamente el Servicio de Impuestos Internos, en cumplimiento de estos acuerdos, utilice bien la información y no haga mal uso de ella, ni la filtre, transfiera o traspase a otra entidad. Sin duda, en este marco de colaboración se espera que el servicio también cumpla su compromiso, que actúe de manera colaborativa”.
