Los invitamos a leer la columna escrita por nuestro director del Grupo Compliance, Yoab Bitran, sobre el nuevo enfoque del DOJ en la aplicación de la FCPA contra organizaciones criminales transnacionales.
Los esfuerzos del DOJ se enfocan en lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales transnacionales, especialmente en América Latina.
¿Qué es la FCPA y por qué es relevante para América Latina?
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) fue dictada en 1977 para sancionar a las empresas y personas naturales que ofrecen sobornos a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios.
La FCPA ha sido considerada un pilar en la lucha global contra la corrupción, influyendo en regulaciones similares en el Reino Unido, la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Desde su implementación, ha dado lugar a sanciones significativas contra empresas multinacionales y ha servido de referencia para programas de Compliance a nivel global.
El 10 de febrero de 2025, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14209, la cual estableció una pausa en la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). De acuerdo a su propio texto, esta medida buscaba “revisar el alcance de la FCPA y evitar que su aplicación afecte negativamente la competitividad económica de EE.UU o se utilice de forma desproporcionada contra empresas estadounidenses”.
En primer lugar, se dispuso la suspensión del inicio de nuevas investigaciones o acciones legales bajo esta ley, salvo que el Fiscal General autorice expresamente una excepción. Asimismo, se exigió una revisión exhaustiva de los casos en curso, con el fin de asegurar de que se salvaguarden las atribuciones presidenciales en materia de política exterior. Finalmente, la Orden Ejecutiva establecía la necesidad de emitir nuevas directrices que prioricen los intereses estratégicos de EE.UU, refuercen su competitividad económica frente a otras naciones y garanticen un uso eficiente de los recursos públicos destinados a la aplicación de la ley.
Esta Orden Ejecutiva fue recibida con decepción por la comunidad de compliance de Latinoamérica. La gran cantidad de casos en nuestra región, en particular los derivados del escándalo de Odebrecht y la creciente colaboración internacional de órganos persecutores se han percibido como un factor fundamental para el avance de Compliance y prevención de la corrupción.
Nuevas prioridades del DOJ en 2025
Pocos meses después, el 2 de mayo, el Departamento de Justicia (DOJ) publicó un memorándum firmado por Matthew R. Galeotti, jefe de la División Criminal, que redefine las prioridades de persecución penal en materia económica. El documento destaca como principales focos de atención el fraude corporativo, el lavado de dinero y las amenazas asociadas a la seguridad de Estados Unidos.
El memorándum anticipa una aplicación más estratégica de la FCPA con foco en empresas extranjeras, particularmente en aquellas conductas que afectan directamente la competitividad de empresas estadounidenses o que representan un riesgo para su economía formal. También se priorizan las investigaciones a empresas sospechosas de colaborar o apoyar materialmente a carteles y organizaciones criminales internacionales, en particular aquellas recientemente clasificadas como terroristas.
El memorándum confirma un cambio de foco, en materia de lucha contra la corrupción, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que anticipa un mayor escrutinio por parte de las autoridades norteamericanas respecto de empresas en Latinoamérica.
Finalmente, el 9 de junio de 2025 el Fiscal General Adjunto Todd Blanche publicó una guía revisada sobre la aplicación de la FCPA con nuevas directrices orientadas a enfocar las investigaciones exclusivamente en conductas que realmente afecten los intereses nacionales de EEUU.
En línea con la política de seguridad hemisférica de la administración Trump, los casos vinculados a organizaciones criminales transnacionales (TCO), especialmente en América Latina, reciben máxima prioridad. La guía señala que se dará especial atención a conductas relacionadas con operaciones de cárteles o TCO, uso de lavado de dinero o empresas fantasma, y sobornos a funcionarios estatales vinculados a estas organizaciones.
En síntesis, si bien en términos generales se puede lamentar la pérdida del liderazgo global de EE.UU en la lucha contra la corrupción, lo cierto es que respecto de Latinoamérica lo que se anuncia y vislumbra es más bien un cambio de foco, no un debilitamiento, en la aplicación de la FCPA.
Columna escrita por:
Yoab Bitran | Director Grupo Compliance | ybitran@az.cl
