Nuestra asociada senior del Grupo IP, Tech and Data, Antonia Nudman, conversó con diario El Mercurio sobre la importancia y la necesidad de contar con una identidad digital para el sector financiero en Chile, abordando posibles modelos de implementación.
Considerado un habilitante esencial para el desarrollo del país y su integración con el mundo, contar con un sistema unificado de identificación digital dejó de ser una ventaja y hoy es una necesidad, en especial para la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas, que requiere mecanismos autenticadores sólidos, auditables y confiables.
El año pasado se constituyó una mesa público-privada, con el objetivo de sentar las bases para elaborar una estrategia de identidad digital.
La Secretaría de Gobierno Digital, en coordinación con el Registro Civil, el Ministerio de Economía y la Agencia de Ciberseguridad, trabajan para que Chile sea uno de los líderes regionales en esta materia a 2030.
El próximo 3 de julio se cumplirá un año desde que se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.678, que establece el acceso a internet como un servicio público de telecomunicaciones, y busca entregar al Estado las herramientas y facultades para garantizar la conectividad digital como un derecho básico a toda la ciudadanía.
Por otra parte, existe alta expectación en el mercado por la publicación del Anexo N° 3 de la norma de carácter general que regirá el Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), contenida en el Título III de la Ley Fintech (21.521), y que entregará las especificaciones técnicas necesarias para el funcionamiento del SFA en cuanto al desarrollo de las API (interfaces), materias de seguridad, infraestructura y experiencia de usuario, entre otras.
Pero para llevar adelante su cometido con una mayor confiabilidad, en ambas materias falta un último eslabón: la identidad digital. En Chile, los distintos actores reconocen que es un tema clave, pero al mismo tiempo que es un fenómeno reciente para la mayoría de los países.
La identidad digital busca implementar un sistema seguro para que los ciudadanos puedan gestionar y compartir sus datos personales y documentos digitales de manera controlada, que evite la suplantación, el fraude y el robo de los mismos.
Hay múltiples formas de avanzar en la arquitectura de una identidad digital, pero sus características principales son ‘que debe ser robusta, garantizar la certeza jurídica y permitir la trazabilidad. Somos ciudadanos digitales, necesitamos un nuevo medio que nos permita reconocernos como humanos, o sea, diferenciarnos de la inteligencia artificial (IA) y, después, saber por los rangos etarios a qué podemos acceder’, señala el senador Kenneth Pugh.
Contar con una identidad digital es ‘un habilitante esencial para el desarrollo y crecimiento de Chile y su integración con el resto de los países’, dice José Inostroza, director de la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda (SGD).
Mesa público-privada
Inostroza cuenta que durante el año pasado, el Gobierno lideró una mesa público-privada conformada por expertos de la industria, la academia, la sociedad civil y el sector público, con el objetivo de elaborar una estrategia de identidad digital. En lo esencial, se acordó que la SGD avance en un rol rector, en coordinación con el Registro Civil, el Ministerio de Economía y la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), de modo que Chile pueda transformarse en uno de los líderes regionales en esta materia de cara a 2030.
En lo inmediato, agrega, se debe poner foco en la confiabilidad y la seguridad de los sistemas de identidad digital. No obstante, ‘Chile cuenta en la actualidad con una Agencia Nacional de Ciberseguridad, y prontamente con una de datos personales, que contribuirán a generar estándares y condiciones de seguridad sólidas en el país’, subraya.
Claudio Ordóñez, director de Ciberseguridad de PwC Chile, enfatiza que el modelo de identidad digital tiene que ‘cumplir las normas de protección de datos personales, así como también la autorización en el uso de los datos. Lo anterior permite evitar fraudes, al disponer de una mejor identificación de las personas’.
A nivel de las empresas del sector, existe consenso en que este tema no puede llevarse por separado entre Estado y privados. Para Fernando Araya, CEO y cofundador de Tenpo, ‘no se trata de una causa política ni de una iniciativa que deba dividirse entre lo público y lo privado. Verlo así sería un error. El objetivo es claro y compartido: proteger a las personas, reducir los fraudes y suplantaciones de identidad, y permitir que todos, al interactuar tanto con el Estado como con instituciones privadas, cuenten con mecanismos más seguros y confiables’.
Beneficios financieros
Actualmente, en el sector financiero cada institución administra la identidad digital de sus clientes. Si bien existe la portabilidad financiera, esta no funciona como un sistema de identidad digital.
Por tanto, Antonia Nudman, asociada sénior del Grupo IP, Tech and Data de Albagli Zaliasnik, asevera que ‘contar con identidad digital en Chile dejó de ser una ventaja y se transformó en una necesidad, especialmente para el sector financiero. La normativa internacional exige hoy mecanismos de autenticación sólidos, auditables y confiables‘.
‘Hablamos de una herramienta que agiliza la inclusión financiera, reduce el costo operacional del sistema bancario y habilita modelos de negocio más eficientes en la industria tradicional (banca) como en la emergente (fintechs)’, explica Nicolás Deino, director ejecutivo para la Industria Financiera de Accenture Chile.
A su juicio, ‘un ecosistema con identidad digital única permite escalar servicios financieros con mayor precisión, reducir el riesgo de fraude y generar confianza en entornos altamente regulados. Esto se traduce en eficiencia operativa y nuevos flujos de ingresos para bancos, fintechs y aseguradoras, permitiendo mejorar la experiencia de los usuarios’.
De hecho, Araya profundiza en que la Ley Fintech fomenta la competencia y la innovación financiera y su buen funcionamiento requiere, por ejemplo, identificar a los clientes de forma segura y confiable, así como cumplir con las obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Todo lo cual, bajo una normativa actualizada, aseguraría el mismo estándar de seguridad para todos los participantes de la industria.
El senador Pugh va más allá. Sostiene que antes de que entre completamente en vigencia la Ley Fintech, que contiene el Sistema de Finanzas Abiertas, ‘tiene que estar funcionando la identidad digital, y ese es un tema en que debemos ponernos de acuerdo y, si es necesario, ajustar las fechas para contar con una identidad digital robusta’.
Lo más desafiante, acota Inostroza, ‘es que el establecimiento de un sistema robusto de identidad digital dote de mucha más confianza a las empresas y clientes del sector financiero. Sin ir más lejos, la Comisión para el Mercado Financiero, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y la Asociación del Retail Financiero fueron voces muy activas en la elaboración de la estrategia de identidad digital’, cuenta.
Referentes a observar
A la hora de recomendar cuál es el mejor modelo para seguir en Chile, los entendidos advierten que no existe mucha diversidad en el mundo, pero hay algunas zonas y países avanzados, como la Unión Europea, Australia, Canadá, Estonia y Brasil.
El senador Pugh estima que Chile debe seguir un sistema de identidad digital robusta con múltiples factores de autentificación, donde se decida si se contará con una identidad digital centralizada o distribuida. En la primera, el gobierno es quien entrega a todos los ciudadanos una identidad digital y, en la segunda, existe un organismo privado que opera con una cartera digital, permitiendo a los ciudadanos acceder a servicios públicos y privados en línea.
Nudman dice que la construcción de una identidad digital sólida para usos financieros puede seguir distintos modelos. Uno centralizado, como plantea el senador, donde el Estado (a través del Registro Civil y la SGD) emite y administra completamente las credenciales. Otro descentralizado, en el cual actores privados emiten las credenciales y terceros las verifican. Y una forma híbrida, donde el Estado actúa como verificador o intermediario entre quien emite la identidad y quien la valida.
En tanto, Deino apuesta por ‘avanzar con un modelo híbrido, que combine la robustez estatal con la escalabilidad del mundo privado, tal como lo hace Canadá con soluciones como Org Book. La clave está en diseñar una identidad que sea útil para los negocios, segura para los ciudadanos y flexible para integrarse en un sistema financiero en rápida evolución’.
Para Ordóñez, ‘la mejor práctica es construirla desde la identidad física que ya se tiene. En Chile, el carné de identidad es un instrumento utilizado y válido en la mayoría de los servicios públicos y privados. Esto, en conjunto con la Clave Única, pueden ser la base sobre la cual se agreguen atributos de manera que la identidad digital sea una mejor forma de identificar a los ciudadanos’.
Se debe lograr un sistema robusto que proteja a las personas, reduzca los fraudes, las suplantaciones de identidad y permita interactuar tanto con el Estado como con las instituciones privadas.
Aunque en el mundo no existen muchos modelos a seguir, destacan los sistemas aplicados en la Unión Europea, Australia, Canadá, Estonia y Brasil.
