La ley busca modernizar y simplificar los procesos administrativos, impulsando productividad, certeza jurídica e inversión.
La reciente publicación de la Ley N° 21.770, que establece la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (en adelante, “LMAS”), representa la reforma más significativa en materia de permisos en Chile en los últimos veinte años.
Esta ley es una reestructuración fundamental del entorno en el que operan los proyectos de inversión. Su alcance es masivo, modificando una serie de cuerpos normativos e impactando una gran cantidad de autorizaciones sectoriales de distinta naturaleza y que dependen de diferentes entidades públicas.
El objetivo central de la LMAS es claro: simplificar, estandarizar y modernizar los procedimientos administrativos para reducir los tiempos de tramitación, otorgar mayor certeza jurídica a los titulares de proyectos y, en última instancia, promover la productividad, el crecimiento y la inversión.
Se trata de una reforma clave que transformará la forma en que las industrias gestionan y ejecutan sus proyectos frente al Estado.
Los impactos clave que deben ser comprendidos a nivel directivo son:
- Aceleración de Proyectos: La introducción de “Técnicas Habilitantes Alternativas” (en adelante “THA”), como las declaraciones juradas, permitirá en ciertos casos iniciar actividades sin esperar un permiso explícito, agilizando fases críticas del desarrollo.
- Certeza en los Plazos: La ley establece plazos máximos obligatorios para que la administración resuelva las solicitudes de permisos. El incumplimiento de estos plazos por parte de la autoridad habilita al solicitante a invocar el “silencio administrativo positivo”, un mecanismo que considera la autorización como otorgada.
- Protección de la Inversión a Largo Plazo: Se crea un régimen de “estabilidad regulatoria” de 8 años para proyectos que cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental (en adelante “RCA”) favorable. Esto protege la inversión de cambios normativos futuros que puedan surgir durante el extenso ciclo de vida de un proyecto.
Sin embargo, expertos advierten que la LMAS es solo un punto de partida, ya que su efectividad dependerá de las normas complementarias y de cómo la autoridad ejerza su discrecionalidad en la aplicación de permisos y autorizaciones.
Los Cuatro Pilares Fundamentales de la LMAS
La ley se estructura sobre cuatro pilares conceptuales que, en conjunto, redefinen el sistema de permisos en Chile. Comprender la mecánica y las implicancias de cada uno es esencial para navegar el nuevo escenario regulatorio.
a) Nuevos Plazos y Silencio Administrativo: Exigiendo Responsabilidad a la Administración
El primer pilar aborda una de las mayores fuentes de incertidumbre y costo en el desarrollo de proyectos: la discrecionalidad en los tiempos de tramitación.
La LMAS establece normas para la clasificación de autorizaciones y, fundamentalmente, impone plazos máximos obligatorios para que los órganos de la administración emitan sus pronunciamientos.
Estos plazos no son meras sugerencias; son obligaciones legales cuyo cumplimiento está reforzado por un sistema de incentivos y sanciones para los funcionarios. La ley vincula el cumplimiento de estos plazos a los bonos de desempeño de los funcionarios públicos e impone sanciones pecuniarias en caso de retrasos injustificados, buscando así un cambio cultural en la administración.
El mecanismo de cierre de este pilar es el silencio administrativo positivo. Si la autoridad no resuelve una solicitud dentro del plazo legalmente establecido, el titular del proyecto puede invocar el silencio, lo que significa que la autorización se entiende como otorgada para todos los efectos legales.
Para facilitar este proceso, el nuevo Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales emitirá automáticamente un certificado a requerimiento del interesado, otorgando una prueba fehaciente de la aprobación. Esto dota a las empresas de una herramienta poderosa para combatir la inercia burocrática y exigir el cumplimiento de la ley.
b) Implementación de Técnicas Habilitantes Alternativas
Las THA modifican la lógica fundamental del sistema de permisos. En lugar de requerir una autorización explícita y previa de la autoridad, ciertos proyectos o actividades podrán habilitarse mediante la sola presentación de una declaración jurada o un aviso. Legalmente, estas técnicas tienen los mismos efectos que un permiso tradicional.
Es crucial entender que, si bien la ley establece las THA como la “regla general” a futuro, su implementación es gradual y, por ahora, solo reemplaza a autorizaciones específicas en cuerpos normativos expresamente modificados, como el Código Sanitario y el Código de Aguas.
Este pilar representa una transferencia calculada de riesgo y responsabilidad desde el sector público al privado. Al presentar una declaración jurada, es la empresa, y no los organismos de la Administración del Estado, quien certifica el cumplimiento íntegro de la normativa aplicable.
Un error, omisión o falsedad en dicha declaración puede acarrear sanciones severas, incluyendo la paralización del proyecto y multas. Por lo tanto, la rigurosidad de los procesos de verificación y due diligence internos deberá ser superior a la que antes realizaba la propia autoridad.
c) Mecanismos de Fomento a la Inversión: Despejando Riesgos y Acelerando Proyectos Clave
El tercer pilar introduce dos herramientas diseñadas para atraer y proteger la inversión en proyectos de mayor envergadura y complejidad.
- Tramitación Ágil de Iniciativas de Inversiones Estratégicas: La ley crea un procedimiento para que ciertos proyectos puedan ser declarados como “iniciativas de inversión estratégica”. Aquellos que obtengan esta calificación se beneficiarán de una reducción a la mitad en los plazos de tramitación de todas sus autorizaciones sectoriales. Este mecanismo, que entrará en vigencia a los 14 meses de publicada la ley, será altamente cotizado. La obtención de esta designación probablemente requerirá no solo de solidez técnica y económica, sino también de una estrategia de asuntos públicos que demuestre el alineamiento del proyecto con las prioridades de desarrollo del gobierno.
- Estabilidad Regulatoria por 8 años: Este es un potente mecanismo de mitigación de riesgos. Para proyectos que cuenten con una RCA favorable, este régimen permite que todas sus autorizaciones sectoriales se rijan por la normativa vigente a la fecha en que ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, “SEIA”). Esta “congelación” de la norma aplicable tiene una duración de 8 años, protegiendo proyectos complejos y de larga duración de ser afectados por cambios regulatorios que puedan encarecerlos o inviabilizarlos a mitad de camino. Este régimen, que entra en vigencia a los 6 meses, otorga una certeza sin precedentes que será un factor clave en la modelación financiera y la obtención de financiamiento para grandes proyectos.
d) Nuevo Marco Institucional: Un Coordinador Central para el Sistema
Para orquestar este complejo sistema, la LMAS crea una nueva institucionalidad. Se establece la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, un nuevo servicio público, y el Comité de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, una instancia de coordinación de alto nivel.
El rol de estas entidades es supervisar, coordinar y promover el nuevo marco normativo a través de todos los servicios involucrados. El Presidente de la República tiene el plazo de un año para dictar el Decreto con Fuerza de Ley que establezca la estructura y funcionamiento de la nueva oficina.
La efectividad de esta nueva institucionalidad es un factor crítico para el éxito de la reforma. Una oficina con recursos y autoridad real podría ser un aliado clave para destrabar conflictos intersectoriales y asegurar la correcta operación del sistema.
Por el contrario, una institucionalidad débil podría convertirse en una capa burocrática adicional. El éxito práctico de herramientas como el silencio administrativo dependerá directamente del buen funcionamiento de las plataformas digitales y de la capacidad de coordinación de esta nueva oficina.
En conclusión, la LMAS constituye un cambio de paradigma. Se transita desde un modelo basado en la obtención pasiva de permisos a uno de cumplimiento proactivo y auto-declarativo.
La adaptación de los procesos internos, la gestión de riesgos y la capacitación de los equipos no es simplemente una tarea administrativa, sino un imperativo estratégico. Las empresas que logren dominar este nuevo marco normativo podrán convertirlo en una ventaja competitiva decisiva, materializada en proyectos más rápidos, predecibles y seguros.
Para más información sobre la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, pueden contactar a nuestro equipo:
Antonio Rubilar | Socio | arubilar@az.cl
Federico Rodríguez | Director Grupo Energía e Infraestructura | frodriguezm@az.cl
Gonzalo Bravo | Asociado Senior Grupo Derecho Público y Mercados Regulados | gbravo@az.cl
Ramiro Araya | Asociado Senior Grupo Derecho Público y Mercados Regulados | raraya@az.cl
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