Los invitamos a leer la columna de opinión escrita por nuestro asociado senior del Grupo Derecho Público y Mercados Regulados, Gonzalo Bravo, sobre las dificultades que ha significado la implementación de la Ley REP para las empresas.
La implementación de la Ley REP no ha sido fácil ni para la autoridad ni para las empresas chilenas. Estas últimas han debido reaccionar con rapidez para definir cómo abordar sus obligaciones y qué cambios introducir en sus procesos productivos y logísticos.
Modificar estructuras operativas nunca es sencillo: muchas organizaciones se resisten al cambio y se preguntan cómo cumplir, en la práctica, con los requisitos que imponen los Decretos Supremos que regulan los productos prioritarios. Existen múltiples formas de adaptar los procesos, del mismo modo que existe una enorme diversidad en los productos sujetos a la normativa.
Sin embargo, la verdadera dificultad no radica únicamente en ajustar el funcionamiento interno para continuar operando con normalidad, sino en verificar que esa adaptación sea efectiva y sostenible en el tiempo.
Si observamos la Ley REP como una pieza central para avanzar hacia un modelo de economía circular en Chile, su implementación representa una buena noticia. Cada vez más empresas están incorporando esta discusión, evaluando el diseño de sus productos, innovando en envases, fortaleciendo su logística inversa y tomando decisiones que miran más allá del cumplimiento básico.
Desde esta perspectiva, la Ley REP actúa como un motor de transformación cultural y estratégica hacia la sostenibilidad. No obstante, cuando el análisis se hace desde un punto de vista estrictamente normativo, queda claro que el camino aún es largo. A las empresas les ha costado cumplir y a la autoridad también le ha resultado complejo implementar, supervisar y fiscalizar de manera consistente.
A la fecha, la Superintendencia del Medio Ambiente ha iniciado procedimientos sancionadores por incumplimientos en las obligaciones de reporte o derechamente, por no contar con sistemas de gestión de residuos, y varias compañías han debido ingresar programas de cumplimiento ambiental para suspender dichos procedimientos y regularizar su situación.
Será crucial observar cómo la autoridad evalúa y resuelve esos programas, pues ello permitirá identificar el estándar real que está exigiendo en estas materias y qué nivel de diligencia se considerará suficiente para efectos regulatorios.
En este escenario, resulta fundamental fortalecer las capacitaciones por parte de la autoridad. Si bien se creó un sitio web orientado a apoyar a los regulados, aquello no basta. Es indispensable promover seminarios, mesas de trabajo y espacios de encuentro con las empresas para identificar obstáculos concretos, aclarar criterios y compartir buenas prácticas que faciliten un cumplimiento más coherente y eficiente.
Asimismo, es esencial que las compañías miren la Ley REP no solo como una obligación, sino que como una oportunidad para construir ventajas competitivas reales. Integrar procesos más sostenibles puede convertirse en un atributo diferenciador al momento de que los consumidores elijan con quién contratar o qué productos preferir.
Superar la lógica del “cumplir por cumplir” y avanzar hacia una estrategia que capture valor es el desafío del presente.
La Ley REP representa exigencias importantes, pero también abre puertas a innovación, eficiencia y liderazgo ambiental. Por eso es clave que las empresas impulsen hoy una estrategia que les permita no solo cumplir, sino aprovechar plenamente las oportunidades que esta transición ofrece.
Columna escrita por:
Gonzalo Bravo | Asociado Senior Grupo Derecho Público y Mercados Regulados | gbravo@az.cl
