Chile —por su estabilidad macroeconómica, institucionalidad y recursos naturales estratégicos— se ha vuelto un terreno fértil para este tipo de operaciones.
El mercado global de fusiones y adquisiciones ha evidenciado una transformación significativa en los últimos años. La tendencia actual muestra una reducción del número total de transacciones, pero con un aumento en su tamaño e impacto. En este contexto, Chile —por su estabilidad macroeconómica, institucionalidad y recursos naturales estratégicos— se ha vuelto un terreno fértil para este tipo de operaciones.
La consolidación de grandes actores en sectores clave, como la minería, energía e infraestructura, responde a una necesidad de escala, resiliencia y eficiencia. En mercados como el chileno, altamente expuesto a la demanda global de materias primas y con un marco jurídico relativamente estable, estas operaciones permiten optimizar costos, centralizar decisiones y competir en condiciones más robustas. Para las empresas involucradas, el atractivo es claro: crear valor mediante fusiones operativas y financieras, racionalizar activos y compartir riesgos en proyectos de alta inversión.
Sin embargo, este fenómeno también plantea importantes desafíos para el entorno jurídico y económico chileno. Desde el punto de vista regulatorio, las operaciones de gran escala tensionan los marcos de libre competencia de medioambiente. La institucionalidad chilena debe estar preparada para evaluar no solo el impacto estructural en los mercados relevantes, sino también posibles efectos indirectos, como el poder de negociación frente a proveedores o el acceso a insumos clave.
Asimismo, existe el riesgo de que el mercado chileno se vuelva excesivamente dependiente de un número reducido de conglomerados internacionales. Esto puede generar efectos de concentración en la toma de decisiones estratégicas que afectan el empleo, el desarrollo territorial y la innovación local. En un país donde gran parte de la economía se basa en recursos naturales no renovables, resulta crítico que las políticas públicas incorporen una visión de largo plazo, orientada a equilibrar atracción de inversión y diversificación productiva.
Desde el ámbito legal, las grandes operaciones de M&A exigen asesorías complejas y multidisciplinarias. Se requiere una coordinación sofisticada entre abogados locales y equipos internacionales para abordar procesos de due diligence, revisión regulatoria, estructuración tributaria y diseño de esquemas de gobierno corporativo post-fusión. Estas transacciones también suelen incluir cláusulas de representación y garantía, pactos de accionistas y contratos de transición que requieren pericia y experiencia.
Chile tiene la oportunidad de consolidarse como un hub regional para operaciones complejas, pero para ello necesita fortalecer su marco normativo, dotar a sus agencias de mayor capacidad técnica y promover mayor transparencia en sectores estratégicos. Una política activa y moderna en materia de M&A —que combine incentivos con exigencias— puede convertir este tipo de operaciones en palancas de desarrollo y sofisticación económica.
En definitiva, la concentración en operaciones grandes no es ni buena ni mala por sí misma. Su impacto dependerá de la preparación institucional, la calidad de la regulación y la visión estratégica que adopte el país para canalizar adecuadamente sus efectos en beneficio del desarrollo económico, la competencia y el interés público.
Escrito por:
Álvaro Rosenblut | Socio | arosenblut@az.cl
Raimundo Busquet | Asociado Grupo Corporativo y Negocios | rbusquet@az.cl
Fuente: Revista Industria Legal, Edición 23 N°2. [Ver aquí]
