Nuestro asociado senior del Grupo Derecho Público y Mercados Regulados, Gonzalo Bravo, conversó con LexLatin respecto a los cambios que trae para las empresas la inclusión de textiles en la Ley REP.
El Ministerio del Medio Ambiente busca frenar el impacto ambiental de la industria textil y evitar el aumento exponencial de residuos post consumo.
¿Por qué los textiles entran a la Ley REP?
El 7 % de la basura urbana de Chile corresponde a la industria textil. El consumo promedio de ropa es de 32 kilos per cápita por año. Y más impactante aún: genera cerca de 573 mil toneladas anuales de residuos textiles. En este contexto, el Ministerio del Medio Ambiente acaba de declarar a los textiles como el séptimo producto prioritario bajo la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, conocida popularmente como Ley REP (20.920).
Pero el problema de Chile no recae solamente en la producción y el consumo de textiles: el desierto de Atacama se convirtió en el basurero de ropa a cielo abierto más grande del mundo. Se estima que, en promedio, el país recibe más de 59.000 toneladas de ropa usada por año, en su mayoría procedente de Estados Unidos, Europa y Asia.
El objetivo de la medida, oficializada el 24 junio de 2025, es responder al creciente impacto ambiental de la industria textil y al aumento exponencial de residuos post-consumo: los productores deberán informar la cantidad de productos que han puesto a la venta en el país y gestionar, en consecuencia, los residuos que genera su actividad -las metas de recolección y valorización serán definidas próximamente, por decreto.
¿Qué cambia para productores y consumidores?
La incorporación de textiles a la Ley REP no solo impone nuevas obligaciones a fabricantes, importadores y comercializadores, sino que también abre un nuevo frente de derechos y responsabilidades para los consumidores.
“Con la inclusión de los productos textiles como productos prioritarios existirá un cambio de paradigma en la industria. Ahora las empresas deberán incluir el financiamiento y organización de la gestión de sus residuos dentro de sus costos. Además, y según veremos en el futuro decreto supremo, el Ministerio del Medio Ambiente establecerá las metas de recolección y valorizaciones, y el establecimiento de obligaciones adicionales específicas para los productos de los textiles”, analiza Gonzalo Bravo, asociado senior del grupo Derecho Público y Mercados Regulados de Albagli Zaliasnik.
Como la implementación de la Ley REP ya tiene un recorrido en otras industrias, el experto considera que el tiempo de maduración de la norma es una ventaja competitiva para los productores textiles.
“Tanto la autoridad como las empresas hemos aprendido que la implementación de la Ley REP es compleja, que las industrias deben ir adaptándose, y que la autoridad es la primera llamada a informar y educar a los diferentes actores sobre cuál será la forma de cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, hay una ventaja importante para las empresas que califiquen como productoras de productos prioritarios textiles: pueden observar cuáles han sido los obstáculos principales en la implementación normativa de productos prioritarios anteriores”, señala Bravo.
Si bien la Ley REP y las normas que le dan aplicación -decretos supremos, normas de calidad, estándares y resoluciones exentas, entre otras- no otorgan nuevos derechos a los consumidores de forma directa, la incorporación de los textiles como productos prioritarios tendrá consecuencias en el consumo y en el mercado del retail.
“Dentro de las principales consecuencias, identifico tres externalidades muy claras: dos positivas y una negativa. La mala es que no sería raro un traspaso de costos desde las empresas a los productos textiles derivados de la nueva obligación de financiar la gestión de los residuos, es decir, un encarecimiento de los productos, haciéndolos de más difícil acceso. No obstante, esta externalidad negativa se ve aplacada por la relevancia de las externalidades positivas: ropa de mejor calidad, donde el ecodiseño se vuelve relevante y la reparación de ropa se convierte en una alternativa real, y la transparencia en los procesos productivos”, predice Gonzalo Bravo.
Para el experto en mercados regulados de AZ, como las empresas productoras deberán inscribirse en el RETC (Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes), la autoridad, el mercado y los consumidores tendrán acceso a información valiosa, como volúmenes, tipos de productos y cantidad de residuos.
“El mercado podrá usar estos datos para volverse más competitivo. A modo ejemplar, se me ocurre un nuevo mercado formal de ropa reparada o reacondicionada, donde la reparación asegure el cumplimiento de estándares mínimos que permitan a los consumidores acceder tranquilos a un producto de alta calidad y, por cierto, cuyo origen es trazable”, señala.
¿Qué sucederá con las prendas que tengan fallas o defectos?
La normativa chilena establece que los consumidores tienen derecho a la triple opción (cambio, reparación o reintegro del monto abonado) en caso de recibir un producto defectuoso o fallado.
“Para la Ley REP, el foco es la etapa post-consumo del ciclo de vida de un producto y su objetivo es la gestión de residuos, donde el principal obligado es el productor. En cambio, la Ley del Consumidor se centra en la relación de consumo previa a que el producto se convierta en residuo. Sin embargo, nada impide que las empresas fomenten o promuevan una opción por sobre otra. A mi criterio, sería una muy buena política por parte de las empresas la apertura de talleres de reparación de ropa de fácil acceso, o la inclusión de ventajas, descuentos, o promociones en caso de que la persona prefiera reparar su prenda por sobre el cambio o la devolución de su dinero”, detalla.
Bravo considera que la inclusión de los textiles como producto prioritario va a significar un cambio en la forma de consumir y vender estos productos, pues no reparar y no revalorizar tendrá un costo alto para las empresas.
A su vez, el especialista vaticina que surgirán nuevos actores en la industria textil: por un lado, empresas que ayudarán a resolver el problema de la gestión de los residuos; por otro, empresas destinadas a asegurar la calidad y el diseño de las prendas para cumplir con las metas que establezca la autoridad.
