Los invitamos a leer la columna escrita por nuestra asociada del Grupo Penal, Denisse Morales, donde se refirió al proyecto de ley que modifica las sanciones para quienes accedan o filtren ilegalmente información penal confidencial.
En los últimos años, hemos sido testigos de cómo la filtración de antecedentes contenidos en carpetas investigativas ha puesto en entredicho la presunción de inocencia y la dignidad de imputados, víctimas y testigos.
En ese contexto, el proyecto de ley que modifica el artículo 246 del Código Penal busca enviar una señal clara: acceder o divulgar ilegalmente información penal confidencial dejará de ser una falta menor para transformarse en un delito con penas de presidio e inhabilitaciones perpetuas, incluso para personas que no sean funcionarios públicos.
Hasta ahí, poco que objetar. La necesidad de proteger la reserva de las investigaciones es indiscutible. Sin embargo, la solución que se propone se enmarca en una respuesta inmediata, más cercana a la presión mediática y a hechos aislados que a un diagnóstico profundo sobre las debilidades estructurales del sistema penal.
Conviene recordar que el derecho penal debe operar como última ratio, no como una herramienta de disuasión simbólica ni, menos aún, como un instrumento de amedrentamiento. Elevar las penas a presidio y establecer inhabilitaciones absolutas y perpetuas supone un endurecimiento que, lejos de fortalecer el sistema, puede contribuir a su rigidez y a la generación de incentivos para persecuciones selectivas o uso estratégico de la acción penal.
Lo que está en juego no es sólo la protección del secreto investigativo, sino el delicado equilibrio entre este y el principio de publicidad que rige el proceso penal. Asegurar dicho equilibrio no se logra simplemente aumentando penas, sino a través de mecanismos institucionales robustos, reforzando el deber de reserva de los intervinientes, y estableciendo con claridad qué conductas serán sancionadas, bajo qué condiciones y con qué proporcionalidad.
El secreto en la investigación penal cumple un rol fundamental en la protección de diligencias, derechos de víctimas y garantías de imputados. Pero tan importante como ello es el principio de publicidad y el derecho de las partes a conocer los antecedentes. Desconocer este equilibrio puede tener efectos nocivos: un sistema más opaco, menos garantista y más refractario.
En definitiva, la redacción actual del proyecto requiere ajustes para ofrecer una solución jurídica efectiva al problema que pretende abordar.
Columna escrita por:
Denisse Morales | Asociada Grupo Penal | dmorales@az.cl
