Nuestro director del Grupo Compliance, Yoab Bitran, conversó con Diario Financiero sobre el creciente foco de las empresas en la gestión de riesgos asociados a proveedores y contratistas.
El foco de los riesgos empresariales se está desplazando hacia la cadena de suministro, donde proveedores y contratistas se han vuelto una pieza crítica para el cumplimiento normativo, la continuidad operacional y la reputación de las compañías.
Yoab Bitran, director del grupo compliance de az, explica que se trata de una tendencia global y, a modo de ejemplo, menciona que en Europa hoy existen normas que obligan a las empresas a evaluar riesgos, realizar debida diligencia, monitorear y reportar potenciales impactos negativos en sus cadenas de valor. “Este marco regulatorio puede aplicar a empresas en Chile, ya sea porque son filiales de empresas europeas, tienen presencia o exportan productos a la Unión Europea”, señala.
En el país, la abogada, socia y fundadora de C+Board, Mariángela Pontigo, afirma que la actualización de la Ley 20.393 puso de relieve en el ecosistema empresarial la importancia de conocer en profundidad a quienes prestarán servicios para una compañía, especialmente cuando puedan actuar en su nombre. “Los procesos de debida diligencia, que antes estaban principalmente orientados a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, hoy tienen una importancia transversal en las relaciones comerciales”, sostiene Pontigo. Por ello, plantea que la gestión de riesgos con terceros debe estar presente “antes, durante y después”, ya que resulta clave para comprender los riesgos que asumen las empresas mandantes.
Bajo la mirada de Héctor Juan Hernández, socio de Compliance Metrics, este cambio no responde únicamente a una mayor exigencia legal. “También hemos observado una madurez genuina del mercado chileno en estas materias”, dice y detalla que hoy a las empresas les importa relacionarse con proveedores y contratistas que estén alineados con sus estándares éticos, que cuenten con controles adecuados y, sobre todo, que en un futuro no se conviertan en un potencial riesgo reputacional. Sin embargo, apunta que uno de los errores más frecuentes es el exceso de confianza.
Evaluación integral
Ramón Montero, gerente de operaciones de BH Compliance, asegura que la mayor evolución es el paso desde una debida diligencia “de entrada” a un monitoreo continuo. “Hoy se solicita que los proveedores adhieran contractualmente a códigos de ética, políticas anticorrupción, Modelos de Prevención de Delitos, obligaciones de denuncia e investigación y reglas de confidencialidad y protección de información”, cuenta el ejecutivo. Entre las herramientas más frecuentes menciona las plataformas de gestión de terceros, canales de denuncia abiertos y sistemas de evaluación periódica basados en indicadores de riesgo.
Pedro Trevisán, socio de forensic en Deloitte, coincide en que las empresas están adoptando un enfoque más estructurado en este ámbito y entre las principales prácticas que han adoptado señala la identificación de proveedores críticos, clasificaciones por perfil y categoría de riesgo, el establecimiento de procesos de debida diligencia apoyados en inteligencia de fuentes abiertas, bases de datos e información pública y la implementación de mecanismos contractuales de control.
“En materia de protección de datos y ciberseguridad, en muchos casos estamos incorporando un anexo al contrato que regula el tratamiento de datos personales y su seguridad”, complementa Bitran.