Nuestro director del Grupo Derecho Público y Mercados Regulados, Gonzalo Bravo, conversó con Diario Financiero donde abordó la dificultad en la prevención y gestión de los riesgos que generan los hallazgos arqueológicos en proyectos de inversión.
El componente arqueológico es un riesgo que los proyectos de inversión no siempre pueden eliminar, pero sí anticipar y gestionar. Mientras antes se identifique el potencial arqueológico de un terreno, mayor es el margen para adaptar su diseño o evaluar alternativas antes de que comiencen las obras. No obstante, el desafío persiste cuando un hallazgo surge durante una excavación.
Según un documento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) sobre la caracterización del patrimonio cultural arqueológico, este proceso contempla tres etapas: revisión bibliográfica, inspección visual en terreno y, cuando corresponde, prospección y caracterización subsuperficial mediante sondeos, esta última con autorización del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
Para el director del grupo de derecho público y mercados regulados de az, Gonzalo Bravo, una de las principales fuentes de incertidumbre es que los estudios previos “no eliminan en ningún caso” la posibilidad de hallazgos durante la ejecución del proyecto. “Es muy común que este tipo de hallazgos se encuentren bajo la superficie y no sean debidamente detectados en la línea base”, afirma. Esto debe informarse de inmediato al CMN y puede obligar a paralizar obras, afectando el cronograma y los costos. A ello suma eventuales observaciones sobre la suficiencia de información, áreas de influencia, metodologías de caracterización o medidas de mitigación.
“Hoy, uno de los principales problemas está en los tiempos de tramitación y en la coordinación institucional”, asegura la jefa del área arqueología de ORBE AMBIENTAL, Javiera Arriagada. Explica que, si bien el titular de un proyecto puede hacer sus estudios arqueológicos con anticipación, identificar los riesgos y estar dispuesto a implementar las medidas que correspondan, si las autorizaciones o pronunciamientos necesarios toman demasiado tiempo, la incertidumbre termina trasladándose al cronograma completo de la inversión.
“No necesitamos menos arqueología, necesitamos una arqueología mejor integrada a la planificación de los proyectos y una institucionalidad capaz de responder oportunamente”, plantea Arriagada. Agrega que los cuellos de botella también están en los permisos de excavación y rescate, las metodologías que no siempre consideran las particularidades de cada proyecto y la capacidad de los museos para recibir y almacenar materiales.
Arqueología y diseño
El académico de Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. Alberto Hurtado y representante de la Sociedad Chilena de Arqueología en el CMN (SchA), Oscar Toro, aclara que la evaluación ambiental no agota las obligaciones del titular frente a un hallazgo, pues incluso si el proyecto no ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), debe cumplir con la legislación e informar al CMN para que determine las medidas necesarias.
Desde esa perspectiva, asegura, cuando se incorpora desde el principio la variable del componente arqueológico “es mucho más fácil y claro el camino a seguir en las etapas posteriores” y resalta que esto también permite disminuir la incertidumbre sobre cómo podría afectar el proyecto a los bienes patrimoniales, reduciendo costos económicos no contemplados en el presupuesto original.
La académica de la U. de Atacama, Marcela Urízar, apunta que esa anticipación también permite mantener abiertas alternativas para, en caso de que los indicios superficiales evidencien complejidad, modificar el trazado o reubicar parte del proyecto. No obstante, advierte que la búsqueda de certezas podría fomentar la sobreintervención de los sitios arqueológicos generando que, en el afán de proteger, se terminen interviniendo innecesariamente sitios que podrían haberse conservado.
Pero los desafíos no terminan con la anticipación. Urízar plantea que una vía para reducir los tiempos podría ser descentralizar algunas acciones mediante las oficinas técnicas regionales del CMN. Arriagada, en tanto, apunta a plazos de respuesta más claros, mayor coordinación entre CMN y SEA, procesos más simples y seguimiento transparente de las solicitudes.
Bajo la mirada de Toro, la discusión no debería reducirse a la “permisología”, sino incorporar la perspectiva de la arqueología pública, que apunta a una mayor educación patrimonial.
