Nuestro director de Nuevas Tecnologías e IA, Juan Pablo González, conversó con Diario Financiero sobre el proyecto de ley que busca proteger la identidad digital de las personas y los desafíos que plantea su implementación.
La semana pasada, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general -en primer trámite constitucional- el proyecto de ley que regula la creación y difusión de imitaciones digitales realistas de la imagen, el cuerpo o la voz de las personas, generadas mediante inteligencia artificial (IA), conocidas como deepfakes.
Fue aprobado por 128 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones. Como recibió indicaciones, la propuesta volverá a la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación para su votación en particular.
La moción fue ingresada en la Cámara Baja en agosto de 2025 por un grupo de diputados y exdiputados del Frente Amplio (FA) encabezados por Gael Yeomans, y en abril de este año la Comisión de Futuro despachó a Sala el informe con el texto final aprobado.
El proyecto consta de 12 artículos permanentes y uno transitorio. En lo grueso, busca proteger la identidad e integridad digital de las personas frente a contenidos creados o alterados con IA que simulan su imagen, su cuerpo o su voz, y aplica tanto para personas naturales como jurídicas y, en particular, a las “plataformas digitales de redes sociales que ofrezcan sus servicios en el territorio nacional”.
Yeomans, quien integra la Comisión de Futuro, destacó que durante la tramitación en esta instancia se incorporó al texto el concepto de “representaciones digitales verosímiles, pero falsas”, que permite “sancionar específicamente contenidos que inducen a engaño y afectan la honra”, dijo.
La propuesta establece que las personas o entidades que incumplan la ley podrían enfrentar acciones judiciales que contemplan desde responder por los daños causados hasta la adopción de medidas cautelares que incluyen retirar el contenido, a solicitud del afectado, y otras destinadas a “evitar que prosiga el daño cuando exista peligro inminente de daño irreparable”.
También entrega facultades sancionatorias a la futura Agencia de Protección de Datos Personales, que podrá aplicar multas a beneficio fiscal de entre UTM 5 mil ($ 358 millones) y UTM 10 mil ($ 716 millones) tanto a personas jurídicas como naturales.
Además, impone obligaciones específicas a las plataformas digitales de redes sociales, como designar un representante legal con domicilio en Chile, implementar un canal de denuncias y “etiquetas visibles” para contenidos generados o modificados mediante IA.
El proyecto excluye aquel contenido “que sea claramente identificable como sátira, parodia, crítica o expresión artística respecto de la persona representada digitalmente”, que no genere engaño, confusión o afectación a la honra, y sea “claramente identificado como contenido generado y/o alterado mediante IA u otra tecnología”.
Yeomans señaló que el proyecto es “urgente”, y que un aspecto que podría regularse con “mayor precisión” en la discusión particular es el uso de la IA por parte del gobierno e instituciones públicas.
“Casos como la alteración de imágenes con IA para exagerar los avances de la zanja en la frontera en el norte, evidencian que puede ser necesario establecer estándares más estrictos”, afirmó la diputada.
Sanciones
El diputado e integrante de la Comisión de Futuro, Andrés Celis (RN), calificó la iniciativa como “necesaria” y dijo que “establece un principio general de que las personas tienen derecho a la integridad digital”.
Sin embargo, observa temas “perfectibles” en las etapas legislativas posteriores, como “determinar mejor algunos aspectos de la responsabilidad civil y del sistema de sanciones, ajustándolo al orden de magnitud de la infracción”, dijo.
También señaló que se debe diferenciar el ámbito de acción para personas jurídicas y naturales y evitar tanto costos de cumplimiento “excesivos”, como inhibir el uso y desarrollo “legítimo de estas tecnologías”, y prevenir la superposición normativa ante una futura ley marco de IA.
En tanto, el director de Nuevas Tecnologías e IA de az, Juan Pablo González, valoró que el proyecto establezca una regulación sobre deepfakes, porque hoy no tiene una regulación específica en Chile.
No obstante, reparó en que se concentra en el uso del contenido generado con IA, pero no aborda la gestión del riesgo ni los diversos actores que participan en el proceso, como desarrolladores o proveedores.
Plataformas digitales
Respecto de las obligaciones para las plataformas de redes sociales, González señaló que exigir un representante legal en Chile podría ser “complejo” para plataformas sin presencia local, mientras que los canales de denuncia podrían transformarse en un mecanismo “tremendamente costoso” sin reglas claras para su funcionamiento.
Comentó que el proyecto no diferencia entre infracciones de distinta gravedad ni incorpora atenuantes o agravantes. Tampoco precisa si la futura Agencia de Protección de Datos Personales, además de tener potestad sancionatoria, también fiscalizará a las plataformas digitales, ni contempla procedimientos administrativos específicos.
González advirtió que el proyecto también incluye “criterios para que la Agencia determine de manera prudencial la cuantía de la multa”, lo que “puede ser contraproducente en ciertas hipótesis” porque podría terminar sancionando de forma similar infracciones de distinta naturaleza.