Los invitamos a leer la columna de opinión de nuestro director del Grupo Energía e Infraestructura, Federico Rodríguez, sobre la oportunidad de Chile de fortalecer su posición minera ante la demanda mundial de cobre, litio y otros minerales críticos.
En una entrevista publicada el sábado 19 de septiembre en el cuerpo País Exportador de “El Mercurio”, el ministro de Minería planteó que alcanzar una producción de seis millones de toneladas de cobre requiere certeza para los inversionistas, agilizar permisos y fortalecer la colaboración entre el Estado y las empresas.
El desafío de Chile, sin embargo, ya no es solamente simplificar permisos, sino asegurar que el Estado actúe coherentemente frente a un mismo proyecto. La experiencia demuestra que la diversidad de organismos, competencias territoriales y criterios interpretativos puede hacer que proyectos equivalentes enfrenten exigencias, procedimientos e incluso pronunciamientos diferentes. La propia discusión que dio origen a la reforma de permisos identificó la disparidad de criterios como una fuente de incertidumbre y mayores costos para la inversión.
La distinción es importante. Un proyecto minero de gran escala no enfrenta a “la Administración” como una sola contraparte. Requiere autorizaciones ambientales y sectoriales, derechos y permisos relacionados con el agua, infraestructura energética, obras de construcción, concesiones marítimas y aprobaciones de seguridad, entre muchas otras. Cada organismo interviene dentro de sus competencias y persigue objetivos legítimos. El problema aparece cuando un mismo proyecto queda sometido a criterios que no son consistentes entre sí, a exigencias superpuestas o a interpretaciones administrativas diferentes. El costo entonces no es solo tiempo y un entramado burocrático; se le agrega incertidumbre.
La coherencia administrativa no exige que todos los proyectos reciban la misma respuesta. Territorios, impactos y riesgos distintos justifican tratamientos diferentes. Lo que exige es que esas diferencias respondan a criterios conocidos, técnicamente fundados y aplicados consistentemente.
La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales representa un avance, precisamente, porque reconoce que la discusión no puede reducirse a tramitar más rápido. La simplificación de procedimientos, la utilización de técnicas habilitantes alternativas y la fiscalización posterior pueden reducir significativamente los tiempos de desarrollo de una inversión; pero su éxito dependerá también de algo menos visible: la capacidad de la Administración para coordinarse, unificar criterios y aplicarlos consistentemente. Una ventanilla más rápida aporta poco si detrás de ella subsisten interpretaciones contradictorias entre distintos órganos del Estado.
El litio muestra esta cuestión con particular claridad. En los proyectos que requieren un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), el Estado no cumple solamente una función regulatoria: tiene un rol habilitante, pues su actuación es necesaria para hacer posible el desarrollo del proyecto. Ese rol exige procedimientos no discriminatorios, oportunos, predecibles y eficientes. La simplificación administrativa pierde buena parte de su efecto si el acceso mismo a la actividad queda sujeto a decisiones prolongadas, costosas o inciertas.
La desalación ofrece otro ejemplo. Si la política pública promueve el reemplazo de fuentes continentales de agua por agua desalada para reducir la presión hídrica de la minería, la actuación administrativa debe ser consistente con ese objetivo. Ello no significa disminuir las exigencias ambientales aplicables a plantas desaladoras, sistemas de captación y descarga, conducciones u otras obras asociadas. Significa que los distintos organismos que intervienen en su autorización compartan criterios suficientemente claros y previsibles para que una solución que el Estado promueve no encuentre, en su implementación, obstáculos administrativos contradictorios con esa misma política.
Coherencia y celeridad tampoco significan rebajar los estándares ambientales. Por el contrario, los mecanismos simplificados exigen una fiscalización eficaz y un cumplimiento especialmente riguroso. Cuando un proyecto habilitado mediante procedimientos abreviados incurre posteriormente en incumplimientos relevantes, al daño producido se agrega un segundo efecto: se debilita la confianza en el modelo y se favorece una involución regulatoria, normalmente traducida en mayores controles, más exigencias y el retorno a autorizaciones preventivas. Simplificar responsablemente exige, por tanto, trasladar parte del énfasis desde el control previo hacia una fiscalización posterior efectiva.
El desafío consiste, entonces, en hacer compatibles la celeridad, la coherencia y el rigor regulatorio. Chile necesita proyectos mineros capaces de movilizar también inversiones en energía, transmisión, almacenamiento, desalación e infraestructura. Para conseguirlo, no basta con que cada servicio público tramite correctamente el permiso que le corresponde. El Estado debe ser capaz de mirar el proyecto completo y actuar coherentemente frente a él.
Ese puede ser el siguiente paso de nuestra política de permisos: un Estado que habilite con reglas claras, decida con criterios consistentes y fiscalice con rigor.
Columna escrita por:
Federico Rodríguez | Director Grupo Energía e Infraestructura | frodriguezm@az.cl
