Abogados de estudios jurídicos coincidieron en que el estándar propuesto por el Ejecutivo es erróneo y advierten efectos en la industria.
El Ministerio de Hacienda presentó la semana pasada un paquete de indicaciones para reformular la Ley de Anti Fraudes en el Senado.
La propuesta del Ejecutivo refuerza el catálogo de presunciones de delitos a través del establecimiento de dolo o “culpa grave” vinculados a la responsabilidad del usuario cuando existen defraudaciones en sus medios de pago.
Sin embargo, dicho estándar no se acercó a lo requerido por los gremios financieros durante el debate legislativo, que pedían el establecimiento de la “culpa leve”.
Para la directora de grupo compliance en Albagli Zaliasnk, Francisca Franzani, el enfoque de Hacienda “incrementa los costos operativos y de gestión para las entidades emisoras, quienes, ante la necesidad de cubrir estos gastos adicionales, tienden a trasladarlos a los consumidores en forma de tarifas más altas o condiciones menos favorables”.
Fuente: Diario Financiero, 22 de marzo de 2024.
