La reforma busca mejorar el tratamiento de estos delitos, estableciendo modificaciones en la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Con fecha 15 de mayo la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente.
La iniciativa modifica diversos cuerpos legales que tipifican los delitos contra el orden socioeconómico y adecúa las penas aplicables a todos ellos.
Sin embargo, el proyecto aún no se ha promulgado, debido a que el Ejecutivo presentó algunas observaciones a través de un veto a la iniciativa. En este sentido, el proyecto fue enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia con el objetivo de corregir algunas inconsistencias identificadas con posterioridad a su tramitación.
De este modo, si bien consta un cuidadoso estudio de la regulación, el sistema y sus efectos, se han advertido algunas acotaciones simplemente formales que requieren ser subsanadas, y otras que requieren de mayor precisión, con el fin de evitar errores de coherencia interna que puedan significar problemas interpretativos de la norma que terminen yendo -incluso- en contra de la intención de los legisladores, como ocurrió con la omisión involuntaria de algunos de los delitos base del lavado de activos.
En todo caso, los principales cambios que establece el Proyecto de Ley se mantienen, pudiendo destacar:
1- Aumento del alcance: El proyecto busca ampliar dicho alcance, incorporando como sujetos activos a las empresas, sociedades y universidades del Estado, los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público.
2- Incorporación de nuevos delitos: Se les podrá adjudicar responsabilidad penal a las personas jurídicas por más de 100 delitos, por lo que deberán realizar análisis específicos y profundos.
3- Nuevos elementos en los Modelos de Prevención: El proyecto realiza modificaciones relevantes en comparación con la actual ley, en lo que a los elementos de un modelo de prevención se refiere.
4- Período de Vacancia: El proyecto contempla un período de 12 meses para que las entidades adopten o adapten su sistema de prevención de los delitos por los cuales puedan ser responsables.
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