Más de 200 personas asistieron anoche al tradicional evento anual de Fundación Pro Bono, en el que se reconoce el trabajo de abogados y firmas jurídicas, además de departamentos legales de empresas, en el voluntariado legal.
La instancia —que el año pasado regresó a su modo presencial tras la pandemia— estuvo encabezada por la presidenta del organismo, Macarena Ravinet; Pablo Guerrero, presidente de su Consejo Consultivo, y Carolina Contreras, directora ejecutiva.
¿Quiénes fueron reconocidos este año? El premio a estudio jurídico pro bono se lo llevó CMS Carey & Allende, en tanto, el departamento legal galardonado por esta misma labor fue Falabella.
Como mejor coordinador de estudio jurídico pro bono se reconoció el trabajo de los abogados Óscar Lizana y Rodrigo Sifón, de Carey, y de Stephanie Cruz, de Albagli Zaliasnik, mientras que en el caso de los departamentos legales y su aporte al voluntariado legal se destacó a Rodrigo Hoffman, de Santander.
A nivel individual se distinguió a la abogada Leonor Herrera; el premio al espíritu pro bono se lo llevó Juan César Kehr, de Kehr Abuid Abogados, y el reconocimiento a la trayectoria pro bono fue para Francisco Pfeffer, de Pfeffer & Asociados.
Finalmente, el caso destacado del año fue una situación de abuso sexual de una adolescente, cuya representación estuvo a cargo de Vergara Galindo Correa. Los otros competidores en esta categoría fueron Barruel y Borzutzky, por una causa de violencia intrafamiliar, y Marianela Villarroel y Leonor Herrera, por una de cuidado personal.
Cultura y políticas públicas
En su discurso Macarena Ravinet se refirió a los desafíos para 2023, señalando la necesidad de que los miembros, más de 50 estudios y compañías, continúen brindando atención jurídica de calidad en distintas materias, casos y organizaciones, para que estas, a su vez, puedan ir en ayuda de los más vulnerables.
Sobre la labor de educación legal que entrega la fundación, la presidenta del organismo destacó la importancia de incorporar la cultura del Estado de Derecho y de concientizar sobre los derechos de las personas, así como también de educar acerca de las obligaciones que estos conllevan.
También destacó, en materia de políticas públicas, la relevancia de impulsar iniciativas jurídicas técnicas que permitan poner sobre la mesa temas sociales y de acceso a la justicia para, de esta manera, contribuir a reducir la complejidad del sistema y crear soluciones sociales a problemas subyacente que dan lugar a las necesidades.
Fuente: El Mercurio Legal, 25 de noviembre de 2022.
