Hace varios años ya, nuestro país se encontraba entre las naciones pioneras en materia de firma electrónica, posición que ha ido estancándose con el paso del tiempo. En la actualidad, se espera que el Congreso tramite un proyecto de ley que moderniza la legislación vigente. ¿Qué cambios se deben realizar?
La entrada en vigencia de la Ley N°19.799, también llamada “Ley de Firma Electrónica” (LFE), publicada el año 2002, puso a Chile a la vanguardia en esta materia, siendo de los primeros países de Latinoamérica en establecer el principio de equivalencia del soporte electrónico al soporte de papel, lo que implicó que los actos y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, suscritos por medio de firma electrónica, son válidos de la misma manera y producen los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel.
En nuestro país, la LFE facilitó la adopción de las firmas electrónicas simple y avanzada, y simplificó muchos procesos que, antes de su entrada en vigencia, eran más lentos y engorrosos; significó, en definitiva, una compatibilización entre las viejas costumbres y el creciente desarrollo tecnológico que ha vivido el mundo y el país en las últimas décadas.
Sin embargo, aún subsisten algunos desafíos. A través de los años, esta posición de vanguardia en la materia ha ido estancándose. Si bien la LFE ha tenido algunas modificaciones, las mismas han sido menores y ninguna ha cambiado sustancialmente su contenido.
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Columna escrita por nuestros asociados del grupo Corporativo y Negocios, Juan Pablo Vieira y Raimundo Busquet.
