Nuestra directora de Life Science y Libre Competencia, Dafne Guerra conversó con LexLatin sobre las diferencias entre Chile y Brasil en materia de libre competencia, a propósito de recientes acciones vinculadas a plataformas digitales.
Buscar una noticia en Google toma apenas unos segundos. Un titular, unas líneas de contexto y, cada vez con más frecuencia, un resumen generado por inteligencia artificial bastan para responder una duda sin abandonar el buscador. Lo que para millones de usuarios es un gesto sencillo y cotidiano, para los medios de comunicación y autoridades de competencia se ha convertido en una disputa que podría cambiar las reglas del ecosistema digital en América Latina. Brasil es hoy el principal escenario de esa discusión.
Un caso que las autoridades archivaron dos veces por falta de pruebas terminó convertido en uno de los procesos sancionadores de competencia digital más observados de la región. Desde 2019, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) investiga si Google explota el contenido periodístico brasileño sin compensación, primero mediante fragmentos de noticias en los resultados de búsqueda y, más recientemente, a través de los resúmenes generados con inteligencia artificial conocidos como AI Overviews. La Superintendencia General y el Departamento de Estudios Económicos recomendaron cerrar el expediente en dos ocasiones distintas. El Tribunal los desautorizó las dos veces y, el 23 de abril de 2026, aprobó por unanimidad abrir un proceso administrativo formal contra la empresa. Google también respondió el 14 de julio con una defensa de más de cien páginas pidiendo el archivo definitivo.
El debate sobre el uso de contenido periodístico por parte del gigante tecnológico también alcanzó a Chile y México, aunque bajo esquemas institucionales distintos. En Chile, seis canales de televisión, dos diarios y una cadena de noticias demandaron a Google ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por conductas similares a las que examina el CADE. En México, en cambio, la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) cerró en 2025 una investigación distinta contra la compañía sin imponer sanciones, poco antes de ser reemplazada por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).
Tres jurisdicciones, tres autoridades y una misma pregunta. ¿Cuándo un expediente archivado deja realmente de ser el final de una investigación?
Chile litiga sin esperar un archivo
En Chile no existe una figura como la avocação brasileña, y según Dafne Guerra, directora de Life Science y Libre Competencia en az, eso se debe a que el sistema chileno separa las funciones investigadora y jurisdiccional en dos órganos independientes. Por un lado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) es un órgano descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente de todo organismo o servicio, encargado principalmente de examinar y acusar atentados contra la libre competencia. Por otro lado, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) es un órgano jurisdiccional especial e independiente, cuya función principal es juzgar, resolver y sancionar los atentados contra la libre competencia.
Si la Fiscalía resolvió no perseguir una conducta tras una investigación administrativa, esa decisión no produce cosa juzgada material. En ese escenario, la propia FNE puede reabrir el caso si surgen nuevos antecedentes, cualquier interesado puede ingresar una nueva denuncia con hechos o evidencia distinta, y los afectados pueden demandar directamente ante el TDLC por los mismos hechos que la Fiscalía optó por no perseguir. Esa diferencia estructural describe, según la experta, por qué los medios chilenos no han esperado un pronunciamiento de la Fiscalía y han preferido litigar directo ante el Tribunal.
“Esto es precisamente lo que ocurrió en Chile, donde los medios fueron presentando demandas sucesivas sobre una conducta que seguiría desplegándose y mutando. La demanda de CNN Chile lo explicita al sostener que las conductas denunciadas no constituyen ‘ilícitos aislados ni sucesos puntuales, sino la expresión sistemática de estrategias anticompetitivas’, y que por tratarse de infracciones únicas y continuadas, el plazo de prescripción ‘no comienza a computarse sino desde el cese efectivo de la conducta’. Bajo esa construcción, conductas que datan por ejemplo del 2014 seguirían siendo perseguibles en 2026. Es lo mismo que se habría argumentado en Brasil al calificar AI Overviews como una etapa nueva y más sofisticada de la misma conducta investigada desde 2019”, indica.
Demandas acumuladas contra Google en el TDLC:
- Marzo de 2024, Copesa, editora de La Tercera, presenta la primera demanda de este tipo en la región
- Diciembre de 2024, se suman Cooperativa y El Mostrador con demandas separadas
- Abril-mayo de 2026, los canales de Anatel, Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión y TV+, ingresan demandas acumuladas bajo el Rol C-549-2026
- Junio de 2026, CNN Chile demanda a Google y el TDLC acumula de oficio la causa a la misma carpeta
En cuanto a las conductas perseguidas, Guerra observa que la demanda de CNN Chile se apoya en la misma lógica que terminó destrabando el caso brasileño: calificar al scraping y a los resúmenes generativos como una única conducta continuada, en lugar de hechos aislados y prescritos.
La demanda de CNN Chile plantea que las conductas denunciadas no constituyen ilícitos aislados ni sucesos puntuales, sino la expresión sistemática de estrategias anticompetitivas y que, al tratarse de una infracción continuada, el plazo de prescripción solo comenzaría a correr cuando cese efectivamente la conducta. Bajo esa construcción, prácticas iniciadas, por ejemplo, en 2014 podrían seguir siendo perseguibles en 2026.
No obstante, Guerra advierte que existen diferencias relevantes entre ambos sistemas. Mientras en Brasil el procedimiento administrativo solo avanzó luego de que el Tribunal del CADE revocara la recomendación de archivo de la Superintendencia General mediante la figura de la avocação, en Chile no existe un filtro equivalente. Una vez enviada una demanda por un particular y cumplidos los requisitos legales, el TDLC debe admitirla a tramitación, aun cuando la FNE hubiera archivado una investigación previa.
En cuanto al fondo del caso, la abogada observa que Chile y Brasil comparten un mismo eje, el presunto uso de contenido periodístico por parte de Google sin compensación, agravado por la incorporación de inteligencia artificial generativa, que reduciría el tráfico hacia los medios de origen. En Brasil el debate se ha centrado en un eventual abuso explotativo de posición dominante, en Chile las demandas amplían las acusaciones e incluyen también ventas atadas, autopreferencia y restricciones a la interoperabilidad en el mercado de servidores de anuncios para editores.
Es lo mismo, subraya la abogada, que se habría argumentado en Brasil al tratar a los AI Overviews como una etapa nueva y más sofisticada de la misma conducta que el CADE investiga desde 2019.
Para las tecnológicas que operan en Chile, Guerra evalúa tres escenarios. El primero es si existe un mercado afectado; el segundo, si la empresa tiene una posición dominante; y el tercero, si el recurso al que buscan acceder sus competidores es difícil de sustituir.
“Algunas de esas justificaciones podrían fundarse en razones de seguridad de redes o ciberseguridad, privacidad o protección de datos personales, prevención de fraude, afectación de infraestructura o riesgo de afectación de la integridad del contenido dentro de la infraestructura”, comenta.
Revisa la publicación completa aquí.
Fuente:LexLatin, 30 julio.
