Expertos analizaron las implicancias que traerá la aprobación de la ley que sanciona los delitos denominados de “cuello y corbata”.
Expertos destacaron el proyecto despachado este lunes a ley, que busca endurecer las sanciones para delitos económicos y ambientales, incluso con cárcel efectiva en ciertos tipos de ilícitos.
La iniciativa, elaborada por parlamentarios y legisladoras de distintos sectores, pretende castigar la corrupción, el uso de información privilegiada y la colusión.
El texto establece la creación de cuatro categorías para determinar los diferentes grados de sanciones.
La primera persigue delitos netamente de carácter económico; la segunda, considerará ilícitos económicos si fuesen cometidos por una persona al interior de una empresa o en beneficio de ésta, como los tributarios y contra el medio ambiente.
En esa misma línea, la tercera categoría involucra especialmente funcionarios públicos. La cuarta, en tanto, apunta a la receptación y lavado de activos cuando recaen sobre bienes originados por delitos económicos.
El abogado César Vargas, docente de derecho de la Universidad del Alba, aseguró que esta normativa generará la persecución de conductas que no eran consideras como delitos.
Respecto al uso de la información privilegiada, Francisca Franzani, directora del Grupo Compliance de Albagli Zaliasnik, indicó que es probable que el Ministerio Público comience a cuestionar conductas habituales de la industria y aumenten los casos.
A juicio del abogado especialista en derecho penal económico y de la empresa, Juan Carlos Manríquez, la iniciativa empuja al sector privado y al servicio público a reforzar sus mecanismos para la prevención de los ilícitos.
Paula Vial, profesora de Derecho UC y socia de Vial y Asociados Abogados, destacó que los denominados delitos de “cuello blanco” tendrán penas efectivas.
El proyecto despachado también amplía las personas jurídicas susceptibles de enfrentar penalmente la ley número 20.393 de responsabilidad de las empresas, incluyendo a partidos políticos, universidades del Estado y personas jurídica-religiosas de Derecho Público.
