Mucho se ha avanzado en materia de prevención, detección y fiscalización tributaria. Prueba de ello son los US$ 120 millones que el SII ha recuperado desde 2015. Sin embargo, aún hay camino por recorrer frente a estos delitos.
Desde su entrada en vigencia en 2015, la Norma General Antielusiva (NGA) ha permitido al Servicio de Impuestos Internos (SII) recuperar más de US$ 120 millones en su fiscalización. Pero, además de eso, hay expertos que opinan que esta regulación ha tenido un efecto disuasivo en los contribuyentes.
‘Una de las complejidades más relevantes de la elusión tributaria es que no siempre es fácil distinguirla de la evasión y de la legítima planificación sobre cómo organizar una actividad de negocios considerando, entre otros aspectos, sus efectos tributarios’, dice Alberto Cuevas, socio de Tax & Legal de KPMG en Chile, recordando que la NGA permitió definir la elusión tributaria y fijar facultades para el SII y reglas de procedimiento sobre cómo aplicarlas.
Tras esos cambios, que entre otras cosas impulsaron en el SII una función preventiva de la aplicación de las reglas anti-elusivas, el socio de Tax Controversy de Deloitte, Pablo Quezada, explica que grandes empresas nacionales y multinacionales han adoptado como buena práctica la verificación de las razones económicas o jurídicas que justifican una reorganización u operación compleja, y solicitan informes u opiniones legales o, derechamente, efectúan una consulta previa al SII sobre si la operación podría ser calificada como elusiva.
“Aplicando buenas prácticas de sostenibilidad, cada vez más empresas están elaborando e implementando políticas tributarias a nivel corporativo que incluyan como principio el cumplimiento de la ley tributaria tanto en la letra como en su espíritu, sin perjuicio de las legítimas diferencias de interpretación de la ley que puedan surgir con el SII“, puntualiza Quezada.
Para Víctor Fenner, socio adjunto de Impuestos de EY, las cifras que arroja el balance de la NGA son prueba de que la fiscalización ha funcionado, pero considera que se debiese poner el foco en la prevención. La buena noticia, dice, es que el plan estratégico del SII para 2024 contempla ‘cooperative compliance’, lo que puede generar incentivos para que las empresas desarrollen protocolos efectivos de gestión de riesgo tributario que otorguen certezas a ambas partes.
Fenner expone que, muchas veces, “Lo que hay detrás de una discusión sobre elusión es falta de información sobre la naturaleza del negocio o las operaciones del contribuyente (por el lado del fisco); o bien, la ausencia de una política uniforme y consistente que sea consciente e internalice los criterios de la autoridad y los tribunales (por el lado de la empresa)“.
Escenario dinámico
De acuerdo a David Ancelovici, director del Grupo Tributario de Albagli Zaliasnik, los desafíos en la materia no son pocos, empezando por definir cuál será el foco de fiscalización principal en las distintas áreas en que el SII ha demostrado interés (informalidad, altos patrimonios, operaciones en el extranjero, entre otras).
“Avances importantes en otras jurisdicciones consideran iniciativas tecnológicas de fiscalización, adopción de medidas relacionadas con BEPS 2.0, y mayor intercambio de información con autoridades fiscales de distintos países, temas que nuestro gobierno también debería trabajar y priorizar“, concluye Ancelovici.
