En el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, los invitamos a leer la columna de nuestro asociado senior del Grupo Derecho Público y Mercados Regulados, Gonzalo Bravo, quien realizó un diagnóstico de la legislación vigente en Chile.
El Día Mundial del Consumidor es una conmemoración que nadie debiese pasar por alto, pues, en algún momento, todos ocupamos u ocuparemos el rol de consumidores. Hoy en Chile el diagnóstico normativo es paradójico: tenemos una legislación robusta, constantemente modificada e interpretada mediante circulares, pero la sensación de desprotección persiste.
Con un Servicio Nacional del Consumidor que atraviesa un momento institucional complejo, marcado por reformas inconclusas y una crisis de conducción, cabe hacernos una pregunta fundamental: ¿es suficiente seguir sumando normas si el problema de acceso a soluciones de fondo sigue ahí?
Una perspectiva necesaria es detenernos a pensar: ¿qué le queda realmente al consumidor cuando sus derechos son infringidos? ¿qué ocurre cuando el reclamo administrativo choca con el silencio de la empresa y la única vía restante es acudir a la justicia local? La respuesta, a mi juicio, radica justamente en revalorizar esta última instancia.
En Chile, los jueces de Policía Local cumplen una función esencial y democratizadora: acercar la justicia a las personas. No es casualidad que conozcan materias de alto impacto cotidiano, como infracciones urbanísticas, conflictos de copropiedad, ley de tránsito y, por supuesto, derechos del consumidor.
La inmensa mayoría de los ciudadanos no se enfrenta a demandas civiles de responsabilidad extracontractual cuantiosas ni a contratos millonarios que justifiquen largos juicios ordinarios.
Los verdaderos problemas legales de las personas son aquellos que surgen en la vida diaria. Estas controversias no requieren de un proceso de lato conocimiento, sino que exigen agilidad, inmediatez y, fundamentalmente, un espacio real para la mediación.
Ante este escenario, surge la siguiente reflexión: ¿qué ocurriría si, en lugar de concentrar todos los esfuerzos legislativos en reforzar exclusivamente al Sernac con más presupuesto o facultades sancionatorias, decidiéramos dotar a nuestros juzgados de Policía Local de mayores y mejores herramientas procesales y tecnológicas?
La respuesta sugerida es clara: no solo fortaleceríamos la protección real de los derechos en el mercado, sino que la conciencia colectiva sobre la existencia de una justicia rápida y eficiente aumentaría significativamente.
En este día del consumo, la invitación es a repensar nuestra estructura institucional. Los juzgados de Policía Local constituyen la verdadera primera línea de administración de justicia para las personas. Dejarlos en un segundo plano, o asumir por defecto que la única respuesta estatal ante los desequilibrios del mercado debe provenir del Sernac, es un error estratégico.
Reconocer y potenciar el rol de estos tribunales es, en definitiva, el paso más pragmático para sentar las bases de una sociedad más equilibrada y consciente.
Columna escrita por:
Gonzalo Bravo | Asociado Senior Grupo Derecho Público y Mercados Regulados | gbravo@az.cl
