Nuestro director del Grupo Compliance, Yoab Bitran, y asociado senior del Grupo Derecho Público y Mercados Regulados, Ramiro Araya, conversaron con LexLatin en un reportaje especial sobre los desafíos del 2026 en materia de gobernanaza corporativa.
En 2026, las empresas en América Latina enfrentan un punto de inflexión en materia de gobernanza corporativa: la convergencia entre digitalización, fiscalización electrónica y nuevas exigencias ambientales ha transformado el cumplimiento normativo en un factor estratégico del negocio.
La adopción de inteligencia artificial, la gestión de datos, el acceso a recursos críticos como el agua, la obtención de permisos sectoriales y la estructuración de inversiones ya no pueden abordarse como agendas aisladas. Hoy, estas decisiones están atravesadas por una frontera regulatoria más estrecha, dinámica y con menor tolerancia al error.
En este nuevo escenario, el compliance ha dejado de ser una función reactiva o meramente administrativa para convertirse en un sistema transversal de gestión del riesgo, capaz de integrar tecnología, regulación y estrategia corporativa.
Desde la protección de datos y la ciberseguridad, pasando por la infraestructura digital y energética, hasta el comercio exterior, la fiscalización ambiental y los modelos de asociación público-privada, las compañías deben anticipar la volatilidad normativa y rediseñar sus procesos internos para operar con trazabilidad, resiliencia y control en tiempo real. Este panorama regional muestra cómo, de México a Chile, y de Perú a Colombia y Panamá, el desafío ya no es solo crecer o invertir, sino hacerlo con solidez jurídica en un entorno cada vez más exigente.
Gobernanza tecnológica y cumplimiento: IA, datos y ciberseguridad
Yoab Bitran, director del Grupo Compliance de Albagli Zaliasnik, define el escenario actual como la Tríada del Cumplimiento Digital, compuesta por la Ley Marco de Ciberseguridad, la regulación de IA y la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales a partir de diciembre de 2026.
“La principal línea de defensa en estas materias es el factor humano. Por ello, se vuelve fundamental construir una conciencia digital en las organizaciones. Una cultura, que sin afectar la innovación y toma de riesgos necesarios, fomente la responsabilidad en protección de datos, seguridad de la información y ética en la implementación de IA. Chile está adoptando estándares muy avanzados en materia de protección de datos. El desafío de adaptarse, identificando actividades de procesamiento de datos, emitiendo políticas accesibles y razonables, así como capacitar a toda la organización, requiere del apoyo fundamental del liderazgo de la compañía”, afirma Bitran.
Permisos sectoriales y recursos críticos: cuando el cumplimiento traslada el riesgo al operador
En Chile, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales busca reducir la burocracia, pero introduce nuevos riesgos de cumplimiento. Ramiro Araya, asociado senior del Grupo Derecho Público y Mercados Regulados de Albagli Zaliasnik, explica que la normativa establece un mecanismo de aplicación gradual cuyos hitos principales deben concretarse durante el primer semestre de 2026.
“Como ocurre normalmente con las grandes reformas legales, tanto la promulgación de los nuevos reglamentos como la aplicación práctica, provoca en todos los actores del mercado un estado de incertidumbre que motivará un cambio cultural, e incluso de organización interna. Esto obligará a las empresas a robustecer sus procesos de compliance y de due diligence técnico para minimizar su exposición a eventuales responsabilidades penales y administrativas”, advierte Araya.
Según el abogado, el cambio normativo afecta también la evaluación de riesgo por parte de instituciones financieras y sociedades de inversión. Bajo el nuevo esquema, el análisis ya no se sustenta en la obtención previa de permisos sectoriales como garantía de legalidad, sino en declaraciones juradas o certificados de silencio positivo emitidos por la plataforma SUPER.
Esta transición, afirma el especialista, elimina el control preventivo del regulador y traslada la responsabilidad al titular, quien queda sujeto a revisiones posteriores y a la posible invalidación sumaria del permiso en caso de detectarse errores o falsedades.
“Finalmente, debido a la exclusión de los permisos ambientales de la nueva regulación, es muy probable que las medianas y grandes empresas que deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no experimenten una mejora sustantiva en su actual situación”, agrega.
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