Nuestro director del Grupo Energía e Infraestructura, Federico Rodríguez, conversó con LexLatin sobre las implicancias de la baja extracción del cobre en Chile y oportunidades con la reciente promulgación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
La minería del cobre en Chile atraviesa un momento difícil. En medio de un aumento de la demanda mundial, impulsada por la electrificación, el auge de la inteligencia artificial y otras tecnologías, el mayor productor global del metal rojo registra sus niveles de extracción más bajos en más de dos décadas.
Las razones de este descenso son multifactoriales. Desde el ámbito operacional, la combinación incluye una marcada disminución en la concentración de cobre contenido en la roca (menor ley del mineral), el agotamiento de los yacimientos tradicionales y la tardanza en la puesta en marcha de nuevas iniciativas.
A este declive geológico y retrasos operativos se suma un complejo marco normativo que frena la llegada de inversiones y el desarrollo de nuevas minas. Todo esto sin olvidar el factor geopolítico, marcado por las estrategias comerciales de Estados Unidos, el monopolio de procesamiento de China y los retos corporativos que enfrentan los grandes productores chilenos.
Envejecimiento geológico y permisología
Con más de un siglo de explotación intensiva, el envejecimiento de las minas cupríferas en Chile es una realidad ineludible, que exige remover mayor volumen de roca para extraer la misma cantidad de metal: y esto encarece significativamente los costos de producción.
Un reciente estudio comparativo del Natural Resource Governance Institute señala que extraer una tonelada de cobre resulta hoy entre un 11 % y un 17 % más costoso en el país en comparación con otros competidores relevantes del sector.
Más allá de este factor natural, existen otras trabas. Desde el ámbito legal, los expertos coinciden en que la falta de certeza en los plazos de tramitación de permisos ha operado como un freno de mano para la reposición de la capacidad productiva.
“El sistema de permisos vigente explica en parte por qué el país no ha logrado reponer oportunamente su producción, dado que la obtención de autorizaciones es un aspecto crítico para los proyectos mineros, los cuales deben transitar por la evaluación ambiental y por una amplia gama de permisos sectoriales otorgados por distintos organismos, con criterios no siempre uniformes”, señala Javiera Cid, asociada de Cuatrecasas- Santiago.
Cid añade que una iniciativa de continuidad operacional puede requerir cerca de 56 meses de tramitación si se evalúa mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y hasta 72 meses si exige un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a lo que se suma la eventual judicialización de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Otros especialistas del sector presentan un panorama aún más severo, al indicar que un desarrollo minero puede requerir hasta 400 permisos y autorizaciones, con plazos que superan los cinco años. Estos tiempos prolongados encarecen las operaciones y dilatan el periodo de recuperación de la inversión, un aspecto determinante para el capital extranjero.
Aunque la normativa ambiental cumple una función esencial en la sostenibilidad de la minería y en su legitimidad social, María Francisca Bannura, asociada sénior de la oficina chilena de Cuatrecasas, sostiene que el problema no radica en la exigencia de los estándares, sino en la falta de predictibilidad en su aplicación: competencias fragmentadas, superposición de autorizaciones sectoriales y plazos excesivos.
“En una industria con ciclos de inversión extensos, esa incertidumbre afecta no solo la nueva capacidad productiva, sino también la modernización de las faenas existentes, incluidos los proyectos de continuidad y las mejoras tecnológicas orientadas a enfrentar menores leyes de mineral y mayores costos”.
Incertidumbre regulatoria y certeza tributaria
Si bien Chile cuenta con uno de los marcos legales más sólidos en materia minera, en los últimos años diversas modificaciones han generado incertidumbre regulatoria y tributaria, alterando las condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos.
A pesar de respaldar este diagnóstico, Federico Rodríguez, director del área de energía e infraestructura del despacho az, apunta que la reciente promulgación de la Ley Nº 21.850 constituye un avance significativo.
La norma recupera el régimen de invariabilidad tributaria —otorgando estabilidad de hasta 20 años a los grandes proyectos de inversión—, y representa una señal clara de certeza jurídica para la industria.
“Este mecanismo resulta especialmente relevante para la minería, considerando los elevados montos de capital comprometidos y los extensos periodos de maduración de las inversiones. Junto con las reformas destinadas a agilizar los permisos sectoriales, contribuye a recuperar el atractivo de Chile como jurisdicción para las inversiones que requiere el sector”, indica.
Rodríguez agrega que la efectividad de estas iniciativas dependerá de las condiciones operativas para ejecutar los proyectos, tales como la disponibilidad de agua (principalmente vía desalación), el acceso a energía competitiva y el desarrollo de infraestructura, factores cada vez más determinantes en las decisiones de capital.
Codelco y BHP: dos visiones del negocio
Tras alcanzar en 2018 su punto máximo, la producción de cobre en Chile no ha dejado de mermar. Parte de este descenso se explica por la situación de Codelco, la gigante estatal que hasta hace pocos años fue la mayor productora mundial y que hoy atraviesa una severa crisis caracterizada por el elevado endeudamiento y problemas de gobernanza.
A la menor calidad del mineral se suman imprevistos operativos: accidentes que han paralizado o desacelerado procesos en yacimientos clave, contingencias climáticas como inundaciones y, sobre todo, retrasos en sus proyectos estructurales.
Sin embargo, el endeudamiento es el desafío mayor. Especialistas como Ignacio Briones, exministro de Hacienda, han llegado a señalar que, si se tratara de una empresa privada, estaría en quiebra.
Con una deuda acumulada cercana a los 26.000 millones de dólares, la estatal invierte montos superiores a sus aportes al fisco. En 2025 ejecutó inversiones por alrededor de USD 5.000 millones, mientras que sus utilidades alcanzaron los USD 2.423 millones. Este monto, por primera vez en más de 50 años, no fue entregado a las arcas nacionales, sino retenido para reforzar su balance financiero, contener la deuda y financiar su cartera de proyectos sin recurrir a mayor endeudamiento.
Pese a ello, los analistas consideran que la deuda no es la causa directa de la caída productiva, sino una consecuencia del envejecimiento de las minas, los mayores costos operativos y las demoras en proyectos esenciales para recuperar los niveles de extracción.
El sector privado también ha sentido el impacto del agotamiento de los yacimientos. A esto no escapa la filial chilena de la australiana BHP, el mayor productor global, cuya capacidad extractiva se redujo un 3 % en el año fiscal concluido en junio pasado, en comparación con el ejercicio anterior.
Con músculo financiero propio y sin las dificultades de balance de Codelco, BHP —responsable de cerca del 38 % del cobre chileno (casi dos millones de toneladas)— enfrenta la escasez de proyectos greenfield a gran escala, lo que amenaza la expansión de su producción a largo plazo.
Los aranceles de Trump y el dominio de China
Aunque la demanda continúa al alza, el contexto comercial internacional no ha sido particularmente favorable para el cobre. El retorno de medidas proteccionistas y arancelarias impulsadas por Donald Trump ha alterado las cadenas globales de suministro, incluso aquellas amparadas por tratados de libre comercio (TLC), como el vigente entre Chile y Estados Unidos.
“El TLC entre ambos países mantiene su vigencia y contempla reglas de acceso preferencial, determinación de origen y procedimientos aduaneros. No obstante, esas preferencias no impiden automáticamente la aplicación de medidas comerciales extraordinarias adoptadas bajo la legislación estadounidense. De hecho, las restricciones estadounidenses no afectan por igual a los concentrados, cátodos y productos manufacturados, por lo que es necesario revisar la clasificación arancelaria de cada mercancía”, acota Federico Rodríguez
Respecto al rol de China en la cadena global y las acusaciones de elusión arancelaria, el especialista recuerda que Chile es uno de los principales exportadores de concentrado, mientras que China concentra una parte sustancial de la capacidad de fundición y refinación, además de contar con una potente industria manufacturera.
Para el analista, la comercialización de cobre chileno a través de terceros países no constituye por sí sola una evasión. Por lo tanto, una eventual infracción dependerá de si existe una declaración incorrecta del origen, un uso indebido de preferencias comerciales o alguna otra conducta contraria a la normativa aplicable.
Además, resalta que los cátodos (cobre refinado) reciben un trato diferenciado:
“Los cátodos se encuentran actualmente excluidos de los aranceles sectoriales estadounidenses establecidos para determinados productos de cobre, por lo que su refinación en China no supone, por sí misma, una operación de elusión arancelaria. Esta distinción refleja también las limitaciones de la política comercial estadounidense, que dispone de una capacidad reducida de fundición y refinación y mantiene una dependencia significativa de las importaciones de cobre refinado”.
Estrategia institucional e inversiones a largo plazo
Al margen de las tensiones comerciales entre Pekín y Washington, Chile mantendrá un rol protagónico en el mercado mundial del cobre. Considerando que las decisiones de inversión en la industria se proyectan a varias décadas, el sector prevé una recuperación gradual en los próximos años.
Para lograrlo no solo se requiere remover más volumen de mineral, sino garantizar un entorno institucional con reglas claras, procesos expeditos, una estrategia comercial sólida frente a la geopolítica internacional y certezas para los grandes flujos de capital.
En este sentido, Rodríguez concluye que las decisiones estratégicas deberán distinguir entre las oportunidades comerciales coyunturales que surgen de las tensiones geopolíticas de aquellas inversiones que ofrecen condiciones reales de competitividad y rentabilidad a largo plazo.
“La estabilidad tributaria, el acceso a energía y agua a costos competitivos y la certeza regulatoria seguirán siendo determinantes para que Chile consolide su posición estratégica en el mercado global del cobre”.
