“Es aquí donde se juega el futuro de una industria que no ha podido desarrollarse como debiera en los últimos años, pero que ahora cuenta con una opción inmejorable para retomar un liderazgo perdido”, enfatizó nuestro Director de Minería y Recursos Naturales, Alejandro Montt.
Finalmente, luego de meses de expectación, la Política Nacional del Litio (“PNL”) es una realidad. Sin embargo, su debut no ha estado lejos de polémica. Distintos medios han hablado de nacionalización de la industria, y varios gremios han mostrado su decepción por lo que parece un control excesivo del Estado y sus empresas en desmedro de la iniciativa privada. A eso se sumaron las caídas en la bolsa de SQM, en casi un 15%, y de Albermarle, en alrededor de 9%.
Las críticas a la Política Nacional del Litio han venido acompañadas de distintas declaraciones de los Ministros de Hacienda, Mario Marcel; de Economía, Nicolás Grau; y de Minería, Marcela Hernando; señalando que no se está ahuyentando a la inversión y que el mercado eventualmente irá reaccionando mejor a los anuncios una vez que estos se vayan desarrollando.
Hay varias aristas que pueden ser comentadas respecto de estas críticas.
En primer lugar, no hay una nacionalización de la industria, sino que, todo lo contrario. Desde 1979, por disposición del Decreto Ley N° 2.886, el litio se declaró sustancia reservada del Estado. Dicha regulación se mantuvo en nuestra actual legislación minera, por lo que la única forma de explorar y explotar litio en Chile actualmente (salvo por los propietarios de concesiones mineras constituidas con anterioridad a la declaración de reserva) es a través del Estado o sus empresas, mediante una concesión administrativa o un contrato especial de operación (artículo 19, N° 24 inc. 10° de nuestra Constitución).
La PNL viene a cambiar dicho escenario, abriendo institucionalmente la posibilidad a los particulares de participar, mediante asociaciones público-privadas, en la industria del litio. Asimismo, se señala expresamente que se respetarán los actuales contratos que se tienen con SQM (que termina el año 2030) y Albemarle (que finaliza el año 2043). Por lo tanto, no hay nacionalización alguna ya que no hay ningún cambio en la propiedad del litio, que ha sido una sustancia reservada desde 1979, y se respetarán los derechos de SQM y Albemarle bajo sus respectivos contratos.
Otro aspecto que comentar es la crítica al rol excesivo del Estado al buscar el control de los proyectos estratégicos y, especialmente, del Salar de Atacama.
Al respecto, la crítica se ha enfocado en que el Estado estaría invitando a inversionistas para participar en un proyecto donde deben asumir riesgo, traer tecnología, know-how, capitales, y otros, y no podrán tener una participación mayoritaria en los proyectos estratégicos en los que participen, lo que sería “poco atractivo”.
Si bien falta un mayor desarrollo de esta parte de la PNL, en principio pareciera que lo que se busca es permitir el control del Estado de los proyectos estratégicos mediante un mecanismo de mayoría en las acciones o derechos de la sociedad. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Podrán permitirse mecanismos de “golden shares” para el Estado como ha ocurrido con empresas del sector sanitario, no siendo necesaria la participación mayoritaria? ¿Podrán los inversionistas minoritarios participar de las decisiones más relevantes de la sociedad mediante mecanismos de supra mayorías, que involucren no solo aspectos societarios, sino que también operacionales y de reparto de utilidades? ¿Podrán acceder los socios privados a condiciones favorables para contratos de offtake que aseguren suministros de litio y participar en mecanismos de agregación de valor local en condiciones preferentes?
Las respuestas a las dudas planteadas probablemente serán resueltas en la etapa de diálogos de la PNL que comenzará a continuación. Sin embargo, pareciera que no es posible decir apresuradamente que una participación minoritaria en un proyecto estratégico sería “poco atractiva”, como se ha señalado, ya que dependerá de elementos como la capacidad de influir en decisiones relevantes, la rentabilidad del proyecto, la posibilidad de asegurar suministros estables y de largo plazo de litio, el poder participar en inversiones de generación de valor agregado, y otras.
Otro aspecto relevante sería la participación mayoritaria del Estado, a través de CODELCO, en el proyecto de SQM en el Salar de Atacama antes de 2030. Este aspecto de la política implica una coordinación en lo inmediato entre CODELCO y CORFO, y significará una negociación entre CODELCO y SQM con miras a llegar a un acuerdo de cómo implementar dicha participación estatal.
Si bien este aspecto de la PNL puede generar inquietud en SQM, puede también representar una oportunidad. Hasta ahora, su contrato vencía en 2030 sin una ruta clara de cómo seguir a futuro. Hoy, es posible empezar a preparar caminos más allá del año 2030 mediante la mencionada negociación con CODELCO. El modo de generar valor de esa negociación dependerá de ambas partes, pero para SQM puede significar una ventana de posibilidades de cómo seguir creciendo a futuro.
En definitiva, pareciera que todo está abierto al diálogo con alturas de miras. En este último tiempo, en el que hemos sido testigos de grandes acuerdos como el alcanzado en materia constitucional, en materias de seguridad y el proyecto de las 40 horas, como asimismo de un genuino esfuerzo por escuchar posiciones distintas y buscar los mejores resultados para el país como el ocurrido en los diálogos tributarios y la discusión del royalty minero, ahora se abre la posibilidad de enriquecer la PNL y conseguir acuerdos duraderos para nuestro país. Es aquí donde se juega el futuro de una industria que no ha podido desarrollarse como debiera en los últimos años, pero que ahora cuenta con una opción inmejorable para retomar un liderazgo perdido. El tiempo dirá si aprovechamos esta oportunidad o no.
