Encontrándose en plena tramitación el proyecto de ley “Sernac Te Protege”, es necesario mencionar otros factores que –potencialmente– son afectaciones a los derechos de los consumidores.
Conocida es la sobrecarga de trabajo que nuestros tribunales arrastran desde hace varios años. Situación evidente es el retraso que existe en las vistas de las causas que se encuentran en tramitación en las distintas Cortes de Apelaciones del país.
De este modo, una vez interpuestos los recursos de apelación ante el tribunal de primera instancia, estos son remitidos a las cortes para sus alegatos y, por cierto, resolución. Ahora bien, la revisión de las Cortes de Apelaciones puede tomar meses, semestres e incluso años, justamente como ocurre en las causas remitidas desde los Juzgados de Policía Local, tribunales especiales competentes para conocer acciones de interés individual interpuestas por consumidores y acciones en resguardo del interés general de los consumidores iniciadas por el Sernac.
¿Cuál es el problema entonces? Que, si bien la tramitación en primera instancia puede no ser larga, en caso de existir apelaciones en este tipo de acciones en materia de consumo –ya sean en interés individual o interés general–, la resolución total del conflicto puede demorar más de 2 años, tal como ocurre actualmente en recursos tramitados hoy ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Esto implica que las decisiones que los consumidores y/o proveedores adopten en la tramitación de estos procedimientos se verán fuertemente influenciadas por la demora en la resolución de las controversias.
Por un lado, los consumidores verán la demora en la resolución total de su acción como un fundamento para intentar llegar a acuerdo con las empresas, incluso en desmedro de sus propios derechos. Por otra parte, los proveedores podrán elegir si correr con el riesgo de seguir adelante en el procedimiento, pues esta demora en el cobro de una eventual multa o compensación les dará el tiempo suficiente para provisionar dichos valores.
Dentro de este contexto, es que actualmente los consumidores se encuentran obligados a elegir:
I) A obtener una reparación parcial, pero segura y en un menor tiempo, de sus perjuicios.
II) Obtener una reparación íntegra –tal como lo establece la ley– pero en un procedimiento que seguramente durará años.
Evidentemente esta decisión se verá afectada por otros factores, tales como la necesidad económica que puede tener el consumidor, la eventual sanción a la que pueda exponerse el proveedor, etc. No obstante, la demora en la resolución de los procedimientos debe ser hoy uno de los elementos más importantes que implican una vulneración a los derechos de los consumidores, a lo menos indirectamente.
A modo de ejemplo, recientemente Sernac emitió un estudio sobre productos de cuidado facial en plataformas electrónicas. Si éste inicia una acción en defensa del interés general de los consumidores en contra del proveedor de un determinado producto de cuidado facial, podría demorar años de tramitación en que finalmente la empresa sea sancionada y, por cierto, obligada a cesar en dicha publicidad. Lo anterior, con toda la gravedad que eventuales problemas en productos de cuidados faciales pueden significar para la población.
Si bien todo esto es una ventaja para los proveedores, pues les otorga otras alternativas de acción, el condicionamiento en el ejercicio de sus derechos para los consumidores es un problema que el nuevo proyecto de ley omite.
Fuente: Revista Industria Legal, VOL N°19
Para obtener más información sobre estos temas pueden contactar a nuestro grupo de Derecho Público y Mercados Regulados:
Antonio Rubilar | Director grupo Derecho Público y Mercados Regulados | arubilar@az.cl
Gonzalo Bravo | Asociado | gbravo@az.cl
