Este 28 de enero se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Es una fecha que nos llama a reflexionar sobre nuestro actual estado de avance en la materia y visualizar aquellos desafíos que quedan pendientes.
El 2019 fue un año de claro avance en materias de privacidad y protección de datos personales, pero quedaron pendientes hitos relevantes para poder asegurar los derechos de los ciudadanos, así también como proveer de reglas del juego adecuadas a la realidad tecnológica a los distintos actores del mercado para hacer uso legítimo de información.
Durante el año pasado se avanzó sustancialmente en la tramitación del proyecto de ley busca actualizar nuestro régimen de protección de datos, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha ido actualizando las normas que regulan a la industria bancaria y financiera, y la constitucionalización del derecho a la protección de datos personales, lograda el 2018, sigue siendo uno de los grandes avances logrados en los últimos años.
Hacia final de 2019 existía poca claridad sobre la posibilidad de seguir avanzando en estos temas, debido a las prioridades legislativas que se hicieron patentes con los acontecimientos de finales de octubre. En las últimas semanas han habido señales positivas que dan cuenta de voluntad política de seguir avanzando, tales como el despacho del proyecto de protección de datos a la comisión de hacienda para su próxima discusión en sala del Senado, el avance en la discusión legislativa sobre Delito Informático, o en la actualización de normas sobre externalización de servicios y la creación de un capítulo sobre ciberseguridad en la Recopilación Actualizada de Normas (RAN) por parte de la CMF, por nombrar algunos.
En nuestra opinión el avance en estos temas se hace particularmente importante este año. Los eventos de octubre de 2019 reorientaron las prioridades legislativas hacia temas de seguridad social y orden público. Sin embargo, el estallido social no sólo reveló que existe una evidente desconfianza en los políticos, instituciones del Estado y los medios de comunicación tradicionales, sino también en la forma que la información es compartida y la forma que nuestros datos personales son tratados.
Son persistentes las voces que señalan la intervención de países extranjeros, no sólo en la organización territorial de los acontecimientos, sino también en la difusión de información falsa, a través de redes sociales, para confundir a la población y obtener un resultado político. La destrucción generalizada de cámaras de seguridad en Santiago centro también ha sido un hito relevante en estos días. Nuestra imagen, justamente un clásico ejemplo de dato personal, ya es materia de nuevas disposiciones a nivel comparado, particularmente en relación con el reconocimiento facial.
Si hay algo que los acontecimientos han revelado, es que también hay una crisis de confianza en la tecnología y el uso que hace ella de nuestra información. Este es un desafío de carácter global al cual Chile ha llegado tarde, justamente al no contar con las instituciones pertinentes en esta materia. De haber existido una Autoridad de Datos Personales con las atribuciones legales de fiscalización, monitoreo y sanción necesaria para hacerle frente a este desafío, seguramente habría ayudado a disminuir el clima de desconfianza actualmente existente.
Una autoridad que eduque e informe a la población sobre el correcto tratamiento de datos personales, se convierte en una necesidad urgente. Lo anterior, se debe sumar a la discusión de un próximo proyecto de ley marco de ciberseguridad, que defina la infraestructura crítica en esta materia. Una política nacional de Inteligencia Artificial es algo en que también debemos apurar el tranco, justamente en coordinación con los avances en materia de protección de datos para asegurar la protección de la ciudanía y recomponer las confianzas.
